De acuerdo a un escrito presentado por los concejales opositores del cabildo zamorano, sus tres colegas chavistas y los dos de Primero Justicia que se aliaron para hacer mayoría, “crearon 82 cargos sin cumplir con las disposiciones legales que rigen la materia”, lo que podría acarrearles cárcel, según lo establecido en la Ley Contra la Corrupción
Las consecuencias de la alianza en la Cámara Municipal de Guatire, entre dos concejales de Primero Justicia y tres del Polo Patriótico, el “Pacto de la toronja” (amarilla por fuera y roja por dentro), continúa dando qué hablar.
Y es que La Voz tuvo acceso a una comunicación que reposa en el despacho del Contralor Municipal del Municipio Zamora, Oscar Pino, en la que los cuatro concejales opositores que no pactaron con el chavismo, denuncian que “la creación de 82 cargos sin cumplir con las disposiciones legales que rigen la materia”, votada y aprobada por la alianza de los dos “justicieros” y los tres chavistas, “comprometen el Tesoro Municipal”.
Los concejales que conforman esa mayoría “amarilla-rojita” y que el pasado martes se repartió los cargos directivos del concejo guatireño son, por PJ, Silfredo Rubino y Ninoska Urbaez, que junto a sus “camaradas” del Polo Patriótico, Cruz Ortíz, Freddy Espinoza -ambos del PSUV-, y Clara Silva –de Patria Para Todos-, estarían expuestos a ir a la cárcel, según sostienen sus colegas Alexander Pertuz (PJ), Hugo Ruiz (Voluntad Popular), Isrrael González (Copei) y Franklin Velásquez (Acción Democrática).
Como se recordará, en la sesión de estreno de la fracción “Toronja” del pasado 10 de marzo, revocaron el acuerdo 084/2015, mediante el cual fueron despedidos 82 trabajadores “debido a que no había disponibilidad en el presupuesto”.
Explican los denunciantes que esa revocatoria votada por los integrantes del “Pacto de la toronja” viola el artículo 59 de la Ley Contra la Corrupción, el cual establece que “El funcionario público que excediéndose en las disposiciones presupuestarias y sin observancia de las previsiones legales sobre crédito público, efectúe gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza que hagan procedente reclamaciones contra la República o contra algunas de las entidades o instituciones indicadas en el artículo 4 de esta Ley, será penado con prisión de uno (1) a tres (3) años (…)”.
Violaciones
Asimismo, de acuerdo a lo que argumentan los denunciantes, habría sido vulnerado el artículo 147 de la Constitución Nacional, en el que se establece que, “Para la ocupación de cargos públicos de carácter remunerado es necesario que sus respectivos emolumentos estén previstos en el presupuesto correspondiente”.
Es de acotar que de acuerdo a los concejales Pertuz, Ruiz, González y Velásquez, en la Ley de Presupuesto aprobada por el Concejo Municipal de Guatire para este año, no están contemplados estos 82 puestos de trabajo.
Igualmente, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 49, especifica que “No se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista”.
No está presupuestado
La Ley del Estatuto de la Función Pública también habría sido violada por los integrantes del “Pacto de la toronja”, según los concejales opositores, debido a que el artículo 13 de esta normativa dice que, “Los planes de personal deberán contener los objetivos y metas para cada ejercicio fiscal en lo relativo a estructura de cargos, remuneraciones, creación, cambios de clasificación, supresión de cargos, ingresos, ascensos, concursos, traslados, transferencias, egresos, evaluación del desempeño, desarrollo y capacitación, remuneraciones y las demás materias, previsiones y medidas que establezcan los reglamentos de esta Ley”, y nada de ello estaría establecido para el ejercicio presupuestario de este año para el caso de los 82 trabajadores ingresados a la nómina del cabildo guatireño
