El pasado 14 de agosto se inauguró el Hospital Pérez de León II. Lo que originalmente había sido concebido por la Alcaldía de Sucre como una ampliación del viejo hospital y se encontraba casi terminada desde hace varios años, hoy se inaugura como un nuevo hospital
En el mismo sitio ahora coexisten dos hospitales, uno administrado por la Alcaldía del Municipio Sucre y el otro por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Doble administración, doble atención de emergencias, doble grupo de quirófanos, doble surtido de medicamentos, y pérdida de la eficiencia por factor de diversidad.
Este es solo un ejemplo más de la política que se viene implementando para retirar el apoyo económico a las alcaldías y gobernaciones y centralizar todo bajo el control del Gobierno Nacional. Mientras en los países desarrollados hay 60 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes, en Venezuela tenemos apenas 14 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes (27.620 camas del sector público según lo indicado por el Presidente en el discurso de inauguración del Hospital Pérez de León II, mas 11.790 camas del sector privado); y lo más grave es que hemos descendido de 31 camas hospitalarias cada 10.000 habitantes en 1970 a 14 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes.
Cifras similares a las de Kenia, Irán o Haití. Según Provea, en Venezuela existían en el año 2006, 74.371 camas del sector público, pero sólo 21,182 se encontraban operativas para la fecha. ¿Por qué el Gobierno Nacional no se dedica más bien a recuperar las camas que se encuentran inoperativas y a construir nuevos hospitales donde se están necesitando, en lugar de quitárselos a las alcaldías y gobernaciones? El sureste de Caracas y los Valles del Tuy no tienen suficientes hospitales y los usuarios se tienen que trasladar a los Municipios Libertador y Sucre para ser atendidos, saturando los hospitales existentes.
La iniciativa municipal y estadal ha sido aprovechada electoralmente desde las Elecciones Presidenciales del 2006, cuando proyectos de transporte público iniciados por autoridades regionales fueron absorbidos por el Gobierno Central. Entre ellos: Metro de Los Teques (60% Gobernación de Miranda y la Alcaldía de Guacaipuro y 40% Metro de Caracas), Trolmérida (Gobernación de Mérida y Alcaldía Libertador), Metro de Valencia (Alcaldía de Valencia) y Metro de Maracaibo (Alcaldía de Maracaibo).
Todos fueron absorbidos por el Gobierno y puestos en servicio de forma parcial para las elecciones del 2006, subestimando el arduo esfuerzo de las autoridades regionales. Otros proyectos fueron paralizados, como el Transbarca, iniciado por la Gobernación de Lara y la Alcaldía de Barquisimeto y absorbido por el Gobierno, al retirarle el apoyo político al Gobernador Henry Falcón. Ni hablar del mantenimiento vial, hoy abandonado luego de ser transferidas las competencias de las gobernaciones al MINFRA.
Ejemplo de ello, el colapso del Puente de Cúpira al dejar circular una grúa excesivamente pesada sin control alguno, por un puente en mal estado. Se está absorbiendo la construcción y mantenimiento de la infraestructura nacional en base a improvisaciones de índole política y sin ninguna previsión.
Cuando existía el Ministerio de Obras Públicas (antes de la descentralización), la asignación presupuestaria era de 20% del presupuesto nacional y hoy se quiere realizar la misma labor con el 3% de dicho presupuesto, que en la práctica es el 1,5%, ya que está calculado con la mitad de los ingresos petroleros. El problema de la insuficiencia y mala calidad de la infraestructura, es un problema político y no técnico, y solo con un cambio político y descentralizando al país, se puede solucionar.
Eduardo Páez-Pumar H/Aipop