Estamos en presencia de un problema de delincuencia organizada, ya que se reúnen las características propias de este fenómeno transnacional. Hay estructuras perfectas, cargos, mandos, competencias, funciones, salarios y algo muy importante personal civil y militar de jerarquía y poder involucrados en la manutención de las estructuras criminales
Los últimos acontecimientos en materia de sucesos nos llevan camino a Yare y a Uribana, dos de las cárceles que han vivido en permanente crisis en los últimos años. Lamentablemente el gobierno paralelo lo tienen los pranes, quienes imponen sus reglas y sus métodos a los que, quizá de manera voluntaria, se une el resto de la población carcelaria.
“Empresas” lucrativas
Hay que entender muy bien la dinámica de los establecimientos penitenciarios y más aún las características criminológicas de los líderes negativos. La cárcel es una empresa, no es un centro para la reconversión de ninguna persona, menos aún para buscar socialización. Como empresa, sólo tiene una finalidad: producir dividendos; a esto se dedican los pranes, a canalizar sus frustraciones a través del dominio ilegítimo de un establecimiento carcelario que resulta un buen negocio con métodos y actividades que en nada se asemejan a lo lícito y mucho menos a lo humano.
Yo he llamado a este fenómeno la dictadura de los pranes, porque definitivamente se convierten en gobiernos paralelos ilegales y sanguinarios que confrontan y derrotan al poder legalmente establecido. Lo que está sucediendo en cuanto al tráfico de armas y el tráfico de drogas, la trata de blancas y otros negocios propios de la rutina carcelaria, va más allá de la teoría criminológica y está lejano a los Derechos Humanos.
Bondad “estratégica”
El poder de sumisión interno no siempre es impuesto, los comentarios de familiares y privados de libertad coinciden en que los pranes mantienen el orden, proveen la comida, ayudan a los niños enfermos, construyen parques, hacen fiestas y además de eso permiten los desmanes que ninguna autoridad permitiría asemejándose con gran exactitud al funcionamiento de los famosos cárteles de la droga en Medellín, que haciendo el mal lograban el bienestar de algunas comunidades pobres que no sólo disfrutaban el beneficio, sino que lo apoyaban, al punto de verlo como positivo.
Todo se trafica…
Todos sabemos que los pranes cobran la prote, es decir un monto diario por recluso que según se ha dicho es de 50 Bs. que se deposita en cuentas que manejan familiares o empleados de los pranes. Fácilmente se puede hacer un seguimiento bancario a estas cuentas y determinar la relación que existe entre la cuenta, el titular y un privado de libertad. Todo tiene un precio, dormir, ir al baño, mantener relaciones sexuales, salir de traslado al tribunal, no hay nada que no se trafique dentro de la prisión.
Muchos insisten en convertir el problema en algo político, olvidando que las cárceles son de todos los venezolanos, no pertenecen a un Presidente, a una Ministra o a un político. Cuando juzgamos y criticamos el sistema penitenciario no estamos haciendo otra cosa que criticarnos a nosotros mismos.
Confrontar a los pranes
La gran pregunta es cuando pasamos del lamento a la acción, es decir de qué forma nos comprometemos a participar de manera directa o indirecta en los temas de prevención y seguridad en Venezuela. La crítica es el camino más sencillo, más aún en medio de una turbulenta coyuntura política.
Hay que confrontar a los pranes legitimando la verdadera autoridad, no se pueden seguir posicionando como los amos del valle, menos aún convertirlos en antihéroes como los malos de la película que merecen cobertura y protagonismo. Es muy difícil atacar la delincuencia organizada desde la humanización, se trata de un problema de una magnitud superior a un simple conflicto o enfrentamiento entre privados de libertad.
Estamos en presencia de un problema de delincuencia organizada, ya que se reúnen las características propias de este fenómeno transnacional. Hay estructuras perfectas, cargos, mandos, competencias, funciones, salarios y algo muy importante personal civil y militar de jerarquía y poder involucrados en la manutención de las estructuras criminales. Esto nos indica que la única forma de abordar el problema es con labores de inteligencia y represión que permitan retomar el control legítimo de las autoridades responsabilizando penalmente a quienes participan en el hecho.
En la mira internacional
Favorecer la impunidad produce que el fenómeno se siga extendiendo. Negociar con lo ilegal nos coloca en posición de desventaja. Postergar soluciones rápidas y decisivas sólo está contribuyendo a incrementar el costo del problema, más aún cuando se traduce en muertes de cientos de privados de libertad.
No son todos los reclusos, son sólo un grupo al mando de un sujeto que acumuló poder y dinero, quien tiene toda una estructura de subordinados a su mando con funciones muy específicas. Ese poder le da el control del resto de la población penitenciaria y por ende la capacidad de decidir qué se hace o qué se deja de hacer, sin importar nada una autoridad a la que no reconocen y mucho menos respetan.
Esto va más allá de la Ministra Varela, se trata de un grave problema de fondo de índole multidisciplinario que nos coloca como país en el ojo del huracán internacional y que pone en bandeja de plata la posibilidad de acciones internacionales en contra del Estado, del cual somos parte todos. Se ha ofrecido decir nombres de civiles y militares implicados, ese sería un buen comienzo.
TIPS PARA QUE TE DEFIENDAS
1.- Debe iniciarse un trabajo de inteligencia y contra inteligencia policial en las cárceles que permita no sólo identificar los cárteles criminales dentro de los establecimientos, sino también individualizar quiénes son los funcionarios de jerarquía involucrados en el tráfico de armas, droga y alcohol.
2.-Es impostergable la salida de la Guardia Nacional de los establecimientos en su custodia externa. La Policía Nacional debe preparar cuanto antes el contingente de oficiales que tomará el espacio interno y externo, sustituyendo también a los vigilantes y jefes de régimen que ahora pertenecen al Ministerio del Poder Popular de Servicio Penitenciario.
3.-Debe exigirse respuesta del Poder Judicial, su silencio los convierte en cómplices por omisión de lo que está sucediendo. Cada uno de los privados de libertad está a la orden de un juez penal y su causa la lleva un fiscal del Ministerio Público, son estos los únicos que pueden evitar la impunidad, esto no es atribución del Ejecutivo.
4.-La rotación de privados de libertad debe hacerse de manera permanente para desmantelar los grupos organizados. Las labores de inteligencia permitirán saber cómo desarticular los grupos y provocar las depuraciones espontáneas por rechazo propio de la población carcelaria.
5.-La descentralización DEBE ejecutarse, es más sencillo que cada gobernador maneje sus establecimientos desahogando al poder central que puede dedicarse a políticas macro. Sin politizar el tema es una herramienta interesante para desarmar los discursos de unos y otros en cuanto a responsabilidades, eficiencia y soluciones posibles.
6.-Propongo que se le entregue, en un proyecto piloto, tres cárceles a las Ongs que se ocupan del tema penitenciario. Si sus críticas y propuestas son realmente efectivas no hay duda que será exitosa la gestión, si lo es estaremos encontrando una alternativa extrapolable al resto de los penales, si no resulta exitosa el camino será otro.
Mónica Fernández
Twitter: @monifernandez