Los siete magistrados votaron a favor de la validez de la elección, un día después de que rechazaron un pedido de la organizaciones progresistas, encabezada por su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, para anular los resultados de los comicios del 1 de julio
MEXICO. El máximo tribunal electoral declaró el viernes presidente electo de México a Enrique Peña Nieto, con lo cual se inicia la transición que llevará de vuelta al poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en medio de la oposición de su rival izquierdista, que se negó a reconocerlo y anunció próximas acciones de desobediencia civil.
Los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron a favor de la validez de la elección, un día después de que rechazaron un pedido de la izquierda, encabezada por su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, para anular los resultados de los comicios del 1 de julio.
Para López Obrador, las elecciones «no fueron limpias, libres, ni auténticas», pese a que el tribunal concluyó la víspera que las pruebas presentadas por la izquierda fueron vagas e insuficientes y no sustentaban sus señalamientos de que Peña Nieto y el PRI se favorecieron con la compra de votos, el rebase de gastos de campaña y favoritismos de medios de comunicación y encuestas, entre otros factores.
Según el conteo definitivo realizado por el tribunal, Peña Nieto obtuvo 19.158.592 votos, 38,2% de los sufragios.
López Obrador, por su parte, tuvo 15.848.827 sufragios, equivalente a un 31,6% de la votación.
Peña Nieto recibió el mismo viernes la constancia que lo acredita como presidente electo en una ceremonia en el tribunal a la que asistieron representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
«México tendrá una presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos los mexicanos», afirmó el mandatario electo en un mensaje posterior a recibir su constancia.
El PRI gobernó el país de manera ininterrumpida entre 1929 y 2000, año en el que perdió la presidencia por primera vez luego de una época que para muchos de sus críticos estuvo marcada por la corrupción y el autoritarismo.
Peña Nieto ha dicho que no planea restaurar viejas prácticas y se ha comprometido públicamente a gobernar de manera democrática.
«Ahora corresponde al ganador de los comicios no perder de vista que asumirá el mandato de gobernar para todos y las oposiciones deben dimensionar el importante papel de conciencia crítica que representarán, al someter al nuevo gobierno a un escrutinio continuo», dijo José Luna, presidente del tribunal.
La noche del jueves el tribunal declaró infundada la impugnación de la izquierda para invalidar los comicios en los que resultó ganador Peña Nieto, del PRI, un partido que gobernó el país por siete décadas continuas en el siglo XX. El fallo del tribunal, que fue unánime, es inapelable.
«Informo que no puedo aceptar el fallo del tribunal electoral que ha declarado válida la elección presidencial», dijo López Obrador, quien en 2006 compitió por primera vez por la presidencia y tras quedar en segundo lugar también desconoció el resultado.
Ese mismo año, el izquierdista se autonombró «presidente legítimo» en oposición a quien entonces fue declarado mandatario constitucional, Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional.
El presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, dijo el viernes que con la determinación del tribunal «ha quedado plenamente acreditada la legitimidad del triunfo obtenido en las urnas por Enrique Peña Nieto».
En rueda de prensa previa al mensaje del izquierdista, Coldwell pidió a López Obrador y a sus seguidores respetar las instituciones y acatar el fallo.
Minutos después, López Obrador anunciaba su negativa a reconocer la resolución.
«Aunque nos sigan atacando, acusándonos de malos perdedores, de locos, mesiánicos, necios, enfermos de poder y otras lindezas, preferimos esos insultos a convalidar o formar parte de un régimen injusto, corrupto y de complicidades que está destruyendo a México», dijo el izquierdista.
Los siete magistrados del tribunal son nominados por la Suprema Corte y ratificados por el Congreso, aunque López Obrador ha considerado que favorecen al PRI.
López Obrador convocó a sus seguidores a reunirse en el Zócalo de la ciudad de México el 9 de septiembre, cuando dijo que anunciará los pasos que tomará hacia adelante.
Aunque no adelantó sus próximas acciones, sugirió que tendrán que ver con una «desobediencia civil» y aseguró que todo será por la vía pacífica.
«La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo», dijo.
El tribunal concluyó que las pruebas aportadas por el izquierdista y sus seguidores fueron vagas e insuficientes.
Entre las acusaciones de la izquierda estaba que el PRI habría comprado unos cinco millones de votos y como parte de las pruebas presentó cientos de tarjetas de débito que habrían sido entregadas a la gente a cambio de su sufragio, aunque el tribunal consideró que no eran suficientes para demostrar la irregularidad.
«Las pruebas no apuntaban en absoluto a que pudiera anularse una elección con esa diferencia entre primero y segundo lugar de tres millones (de votos), casi siete puntos de diferencia», consideró José Antonio Crespo, analista y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
«La izquierda quiere que con cualquier irregularidad se anule la elección. Claro, ahí donde perdió, porque en la del DF (capital del país) no, en la Legislativa donde le fue bien, no, y fue la misma elección», dijo a The Associated Press.
Para Crespo en todas las elecciones hay irregularidades, pero no necesariamente de tal gravedad para anularlas.
Hubo una interpretación
muy «estrecha» de la ley
Iván García Gárate, profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana, consideró que el tribunal electoral adoptó una interpretación «estrecha» de la ley y se limitó a revisar las pruebas de la izquierda, cuando las propias normas le permiten realizar una investigación más amplia.
«Con las pruebas que ahí se están presentando uno puede llegar a la conclusión de que no acreditan todo lo dicho, sin embargo, el tribunal electoral, interpretando de forma amplia sus facultades, podía haber pedido que otras instancias, el IFE (Instituto Federal Electoral) o los partidos o particulares incluso, aportaran pruebas para que pudiera investigarse más a fondo», dijo García a la AP.
En la sesión del viernes, sin embargo, el magistrado Manuel González dijo que si el tribunal hubiese ido más allá de las pruebas aportadas e investigado por su cuenta podría haber trastocado el estado de derecho e incluso «convertirse en una dictadura judicial»
E. Eduardo Castillo / AP
