Muchos venezolanos tenemos años diciéndolo: la administración actual es un peligroso cóctel de soberbia con ineficiencia, de audacia con falta de preparación. No se trata de confrontaciones ideológicas o de simpatías personales. Nuestro punto es que no se está haciendo el trabajo.
Lo medular es ese motor trancado que tiene casi tres lustros en esa situación y que ha desviado de su curso la vida de toda la ciudadanía. Y lo más grave es que los desacuerdos en cuanto a la visión de país han llevado a una ruptura de quienes ostentan el poder con los sectores productivos y pensantes del país. Intelectuales, profesionales, estudiantes, sector productivo, trabajadores. Todos han sido atropellados, burlados, irrespetados. Todos rompieron con el gobierno, creando la fractura más profunda de nuestra historia republicana.
La administración pública se politizó a niveles francamente nocivos, se impuso a troche y moche la voluntad del líder máximo, y quien osara señalar que sus ejecutorias eran técnicamente inviables, era automáticamente perseguido y expulsado. No se admite crítica, ni siquiera la sana, que va en función de mejorar los procesos para el bien del país y del mismo gobierno.
Personal no capacitado pero incondicional tomó los lugares de quienes eran desplazados y se consolidó literalmente una bomba de tiempo. Esa bomba de tiempo acaba de estallar en el Complejo Refinador Paraguaná.
Quienes siempre hemos estado en la acera contraria al actual proyecto de gobierno, lo hemos hecho justamente porque creemos que la incondicionalidad política puesta por encima de la excelencia laboral, conduce a un callejón sin salida.
Hoy contemplamos el accidente más grande de nuestros cien años de industria petrolera, el mayor del mundo en los últimos 25 años. Una explosión con una potencia equivalente a 1/15 de la bomba atómica que estalló sobre Hiroshima. Estamos perplejos, indignados, dolidos. Profundamente heridos como país.
Por encima de la tenaza que les aplican, los medios de comunicación nacionales e internacionales nos han llevado los matices del dantesco cuadro que se vive en Falcón. Familias desgarradas, reconociendo los cuerpos de los fallecidos, padres buscando a menores que no aparecen, familias completas que ya no existen.
También se nos pinta un esbozo, un atisbo de las posibles causas: protocolos de seguridad ignorados, personal sin pericia, trabajadores ocupados de hacer campaña política en lugar de vigilar los procesos de una industria extremadamente delicada.
Es todo demasiado reciente, demasiado confuso. Debemos ocuparnos prioritariamente de lo humano, del dolor. De aliviar a los sobrevivientes, de consolar a quienes perdieron a padres, hermanos, esposos.
Pero luego toca exigir cuentas. Entregamos una nación con todos sus bienes y recursos a la administración de un grupo de personas que tiene que respondernos. Se ha lesionado seriamente el nombre de nuestra principal industria, se han destruido activos claves. Las redes sociales guardan testimonios de quienes vieron que esta tragedia se veía venir. La memoria y cuenta de la misma petrolera estatal relata cómo el mantenimiento programado no se ejecutó adecuadamente.
Se pretende inventar un nuevo modelo político utilizando como conejillos de indias a todos los venezolanos, a su territorio y a sus bienes. Esto es inaceptable. Es un problema que reviste muchas aristas, pero una de ellas es innegablemente la política. El mismo jefe de la revolución lo dijo: provocó adrede la crisis al sonar el pito aquel. 10 años después, su soberbia le estalla en el rostro, y en el rostro de todos nosotros.
Exportamos desastres
Ya es innnegable el deterioro de nuestra industria petrolera. Los medios de comunicación han recogido, a propósito de la desgracia de Amuay, los accidentes sucedidos en la última década, siendo el peor el derrame del río Garapiche, solamente superado por la deflagración de Paraguaná.
Sin embargo, estas desgracias no solo suceden en nuestro país. Esa semana nos enteramos de un derrame petrolero de la refinería Isla en Curazao, operada por PDVSA, acontecimiento que contaminó una playa y afectó fauna del entorno.
¿Cuántos desastres más necesitaremos para que se admita lo nefasto de la actual gerencia de PDVSA? ¿Será suficiente o aún nos falta?
Medios acorralados
En el marco de las diversas tragedias que asolan a nuestro país en estos días, el Comité para la Protección a los Periodistas, con sede en Nueva York, alertó sobre la presión que el gobierno nacional ejerce contra los medios de comunicación, la cual, según ellos, arrecia.
Argumentan la multa de 2,2 millones de dólares contra el canal de noticias Globovisón; pero hay que incluir el más reciente atropello del Ejecutivo contra una trabajadora de la información, cometido contra la corresponsal de la televisora colombiana RCN en plena tragedia de Amuay. Por suerte, el episodio quedó documentado para asombro y repudio del mundo entero; con el agravante de que la víctima fue una dama.
Destruyen propaganda de Capriles
La denuncia es del candidato a alcalde de la localidad, Israel Caraballo, quien relata cómo se han ido desmontando los materiales propagandísticos del candidato de la alternativa democrática, Henrique Capriles, para ser sustituida por material oficialista.
Esto ha sucedido en muchos lugares, incluyendo diversos sectores de Caracas.
Es responsabilidad del gobierno dar el buen ejemplo en la campaña electoral; pero algunos de sus personeros prefieren el juego bajo y sucio. Olvidan que los electores nos miran, que todo se sabe. No se suman, se restan.
David Uzcátegui
druzcategui@cantv.net
Twitter: @DavidUzcategui
