Habitantes del caserío que lleva el mismo nombre y se encuentra ubicado en el municipio Acevedo, del estado Miranda, denunciaron los daños causados al ecosistema por la empresa Constructora Palacios Meléndez C.A, así como señalan que esta no cumplió con el «Plan Social» acordado con la comunidad
Lo que alguna vez fue un riachuelo turístico, donde pobladores y visitantes acudían a pasar un rato agradable, hoy se ha convertido en un pozo lleno de barro. Atrás quedaron los tiempos en que los más pequeños se sumergían en sus aguas mientras sus padres preparaban una parrilla o una sopa para almorzar en familia.
Y es que, el río Las Morochas, del sector que lleva el mismo nombre, en el municipio Acevedo del estado Miranda, “no es ni la sombra de lo que era”, debido al daño ocasionado por la extracción de arena por parte de la Constructora Palacios Meléndez C.A.
Habitantes del lugar denuncian que la remoción de materiales ha provocado la contaminación del agua, además causa la destrucción del mencionado ecosistema lo que ha provocado una caída en la actividad turística en la zona.
El vocero vecinal José Simoza, explicó que el 23 de diciembre de 2011, el propietario de la constructora Omar Landáez Palacios, le propuso al consejo Comunal financiar un supuesto a “Plan Social”, a cambio de que le permitiesen llevar a cabo el dragado del fluvial y así extraer materiales para ejercer su actividad.
Reseñó que el constructor se comprometió a realizar diversas obras en beneficio de la comunidad entre las que se encuentran la reconstrucción y reapertura de la vía principal hacia el sector el Dividivi, de la parroquia Capaya, desde la carretera Nacional Caucagua – Higuerote, Dotación del comedor comunal, construcción de un puente desde la capilla hasta la escuelita rural.
De igual forma, asumió mejoras en el sistema de alumbrado, así como la canalización de aguas servidas y el arreglo de una escalera y caminería en el sector “Las Flores”.
Llevados por
la necesidad
Ante la necesidad de resolver los problemas que les aquejan la comunidad aceptó. Sin embargo ignoraban que no solo el hombre no cumpliría con lo dicho sino que ello ocasionaría graves daños al ecosistema del río.
“El pidió que durante ocho meses le permitiéramos sacar arena del río y a cambio haría todo eso por el sector, ya se cumplió el paso y lo único que se construyó fue un puentecito y unas pocas reparaciones a la vía que no fueron culminada”, expresó el residente.
Una vez culminado el tiempo del acuerdo con la comunidad, rechazó la solicitud de Landaez, de extender la extracción por tres meses más. “Nos sentimos engañados y decepcionados, ya no es posible hacer uso del río, esta todo lleno de barro”, reclamó Simoza.
El afectado informó que ante lo sucedido acudieron al Ministerio del Ambiente, a exponer la queja, según el testimonio de los vecinos el organismo gubernamental envió a uno de sus ingenieros de nombre Wilmer Gómez, a que hiciera una inspección del lugar.
“Decidimos trancar la calle en vista de que el funcionario llegó con el dueño de la constructora y no quiso escuchar a la comunidad. Dijo que Landaez, tenía permiso para seguir sacando tierra del río, se montó en su carro y no quiso salir”, acotó.
Riesgo de inundación
Especialistas ambientales advierten que la explotación arenera solo se debería permitir bajo estrictas normas de control que ayuden a minimizar el daño que se ocasiona al ambiente.
La ingeniero ambiental Euridice Guerra, explicó que la extracción indiscriminada del material de los ríos incrementa el riesgo de inundaciones, porque ello aumenta su calado y las orillas se hacen menos evidentes. “La acumulación de material provoca un desajuste de la topografía del caudal y es posible que al llegar a época de lluvias el río se desborde”, acotó.
Asimismo, indicó que dicha actividad también trae como consecuencia la extinción de especies , afectación de ciclos hidrológicos, procesos de erosión y desertificación de los suelos.
“Un río es un cuerpo de agua natural que cuando es intervenido por el hombre causa un impacto en todo su ecosistema”. Aunado a ello, agregó que esto también afecta la calidad de vida de las comunidades que se aprovechan del vital líquido para el consumo humano, la agricultura y la siembra
Recalcó que la sobreexplotación o daño ambiental acarrea sanciones penales, administrativas y tributarias por parte de las autoridades de competencia local, regional y nacional.
En este sentido, le hizo un llamado a las comunidades a ser vigilantes y corresponsales de su patrimonio natural, ya que en algunos casos los daños ecológicos y ambientales son irreversibles.
Nelyabith Bello
nbello@diariolavoz.net
Twitter: @nelyabithbello
