Fue el gran contrato de Navantia, la naviera pública, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero: la construcción de ocho patrulleras militares por las que Venezuela ha pagado más de 1.200 millones de euros. El acuerdo se cerró de Estado a Estado, con la implicación directa de Zapatero, su ministro de Defensa, José Bono, y el presidente venezolano, Hugo Chávez. Pero este hecho no evitó que Navantia pagara 42 millones de euros a varios comisionistas venezolanos y españoles, un 3,5 por ciento del monto global del contrato, informó el diario ABC de España un artículo publicado el 17 de septiembre de 2012.
El reportaje continúa diciendo que un juzgado de instrucción de Madrid mantiene imputados por tráfico de influencias y delito fiscal a los dos comisionistas españoles, Javier Salas Collantes, último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), que salió del Gobierno en 1996, y el que fuera su subordinado en el INI Antonio Rodríguez-Andía. Cada uno ha cobrado seis millones de euros. El INI que Salas presidió se transformó en la actual SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), que es dueña del cien por cien del capital de Navantia.
La venta de los buques se firmó el 28 de noviembre de 2005 en Caracas. Poco antes, el 30 de septiembre, Navantia firmó un acuerdo mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd., a la que otorgó una comisión del 3,5 por ciento de la venta, 42 millones de euros. A su vez, Rebazve contrató a Rodríguez-Andía, expresidente de la pública Trasatlántica, y le pagó doce millones de euros, de los que seis terminaron en cuentas del que fuera fuera su jefe en los primeros gobiernos de Felipe González, Salas Collantes.
Más comisiones
Rebazve, administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, también repartió en su país una parte de los 42 millones de euros que facturaron. Según fuentes conocedoras de la negociación, hay constancia documental de que Carvallo y Malavé destinaron «grandes cantidades de dinero» a exmilitares de la Armada de Venezuela. De hecho, otro grupo de exmilitares con importantes contactos en el ejército «bolivariano», liderado por el exoficial Luis Calderón -ya fallecido-, protestó porque las comisiones no les llegaron a ellos. Contrataron a un despacho de abogados español para que reclamara su parte a Navantia. La empresa pública se negó a abonar cantidad alguna «porque ya habían pagado una barbaridad a los de Rebazve», asegura a ABC una fuente que intervino en la operación.
