Lenny Pirela, dueña de un inmueble ubicado en Terrazas Club Hípico del Municipio Baruta, aseguró que aunque a los arrendatarios les renovó el contrato en dos oportunidades y tuvieron un prórroga para desocuparlo en un plazo de seis meses, ahora se niegan devolvérselo, alegando que “la nueva Ley de Alquileres los ampara”, por lo se apostó junto con su familia en las puertas de su casa hasta que alguna autoridad gubernamental la escuche
Un colchón y dos sillas playeras que están instaladas en un pequeño pasillo del edificio Risco de la urbanización Terrazas Club Hípico, Municipio Baruta: es el lugar donde habita un grupo familiar, conformado por dos adolescentes y un pareja que se encuentra pernotando desde hace diez días en las puertas de su vivienda para pedir a la arrendataria que les devuelva su apartamento que les alquiló hace dos años.
“El respeto al derecho ajeno es la paz”, es la frase que repite en sus oraciones todos los días la propietaria Lenny Pírela, en compañía de su familia, que consternada e indignidad por la terrible realidad que enfrenta, fue víctima de un engaño protagonizado por sus inquilinos, quienes ahora se niegan a devolver el inmueble, alegando que “la nueva Ley de alquileres nos ampara”.
“Inquilinos mentirosos”
Cuenta la dueña del inmueble que después que vivió 20 años en la ciudad de Barinas junto a su familia y poner a cargo el apartamento a una empresa inmobiliaria para arrendarlo con ciertas condiciones impuestas por ellos, tomó la decisión de venirse para Caracas este año con la intención de que sus hijos pudieran cursar una carrera universitaria, pero “nos encontramos con la sorpresa de que la supuesta pareja inquilina se cuadriplicó, pues ahora viven dos niños y tres personas más”.
Aunando en ello, resaltó que según el contrato de alquiler que inició el 1º de agosto del 2010, fue firmado por una supuesta pareja de casados, el cual el hombre era un supuesto ejecutivo de ventas del Banco Venezolano de Crédito y la mujer vendedora, características que la hicieran pensar que era una par de personas trabajadoras, serias y honradas, que definitivamente la alejaban de la idea de que fuesen realmente personas malintencionadas, “con buenas relaciones con el Gobierno como actualmente lo demuestran, porque la mayoría de los entes públicos que llevan este caso los apoyan”.
Apadrinados en el Gobierno
Y es que, según la investigación que realizó la propietaria, el sujeto quien se hizo pasar por profesional de la mencionada entidad bancaria era un amigo de la dama y ésta realmente estaba casada con un reservista, pero por temor a que conocieran que son personas de bajos recursos y con parientes de buen cargo al servicio del Estado, “montaron una historia para poder quitarme el apartamento con mayor facilidad y poder convertirme en la victimaria de este cuento ”.
Desocupación anticipada
Relata Pírela que en primeras instancia el contrato de alquiler era por tan sólo un año (2010- 2011), en vista a que los arrendatarios se les venció, “me pidieron que le diera otro tiempo de estadía para que ellos supuestamente pudieran conseguir un nuevo apartamento, tomé la decisión de renovárselo por seis meses, al transcurrir este lapso de tiempo le pedí encarecidamente la desocupación del inmueble”, lo que enardeció a los inquilinos que se rehúsan a devolver la vivienda.
“Yo no quiero desalojar a nadie, sólo quiero desocupación y entrega de mi vivienda, porque me considero que he sido una propietaria respetuosa y condescendiente, que después que se venció el acuerdo el 1º de agosto del año 2011, se los renové y después le di 30 días más de prórroga para que me los devolvieran, ahora recibo malos tratos y abusos, sin mencionar que a pesar que actualmente no tengo posesión de mi hogar, cancelo los servicios que ellos gozan, porque a su juicio dicen que es mi deber como propietaria”, se quejó.
Falta acción gubernamental
Una vez que fue publicada el 12 de noviembre en Gaceta Oficial la Ley para Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda una serie de expertos en el tema inmobiliario aseguraron que en un 95% ha disminuido la oferta de alquileres. Y es que, de acuerdo a la estadísticas que refleja la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbano (Apiur) en defensa a la propiedad privada este porcentaje representa una violación hacía el derecho a la propiedad privada.
Una de las principales razones que refleja en su página web Apiur en rechazo a esta nueva ley de alquileres, es que todo contrato deberá ser revisado y su canon también debe ser fijado por la Superintendencia de Inquilinato antes de empezar el contrato, convirtiendo el trámite burocrático, obligando a los cánones de arrendamiento que sólo sean pagados a través de cuentas bancarias en entidades bancarias del Estado, limitando la voluntad de las partes que pudieran preferir pagarse directamente (arts. 21, 56, 68).
Por otro lado, según publicación en el portal web de El Universal, con esta nueva normativa se ha desencadenado una serie de irregularidades en la que actualmente 4 mil 800 casos se encuentran paralizados. Y es que, los reclamos y las operaciones entre los arrendatarios y arrendadoras aún siguen sin solucionarse y aún no hay casos de recuperación de inmuebles por parte de los propietarios, quienes alegan que no han tenido ninguna respuesta por parte de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi).
Mairy Chourio e-mail
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