Asesinan a abogado defensor de los derechos humanos

    Trejo Cabrera, de 41 años, era responsable de los asuntos jurídicos de tres cooperativas campesinas del Valle de Bajo Aguán, San Isidro, La Trinidad, y El Despertar, centro de un conflicto por la tierra entre organizaciones agrarias y terratenientes locales

TEGUCIGALPA. Antonio Trejo Cabrera, un conocido abogado hondureño de derechos humanos y defensor de campesinos en conflictos por tierras falleció el domingo en Tegucigalpa tras ser acribillado a balazos horas antes, informó el Movimiento Campesino del valle del Bajo Aguán, al norte del país, organización del que era apoderado legal.
Trejo Cabrera, de 41 años, «fue tiroteado cerca del Aeropuerto Nacional de Toncontin» dijo el movimiento en un comunicado, y añadió que el abogado «se encontraba en las afueras de una iglesia celebrando una boda, cuando fue atacado por hombres que le infirieron cinco impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, provocándole la muerte».
El abogado era responsable de los asuntos jurídicos de tres cooperativas campesinas del Valle de Bajo Aguán, San Isidro, La Trinidad, y El Despertar, centro de un conflicto por la tierra entre organizaciones agrarias y terratenientes locales por el que han muerto más de 60 personas en los últimos dos años y medio entre campesinos, guardias de seguridad de las empresas de palma africana que operan en la zona, policías y periodistas.
El pasado mes de julio, Trejo consiguió recuperar el dominio jurídico pleno de los campesinos sobre las fincas San Isidro, La Trinidad y Despertar, en manos hasta entonces de los terratenientes, Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales tras un proceso legal iniciado en 1998.
Detenido el 20 de agosto pasado, Trejo dijo que «en este país se hace lo que dicen Miguel Facussé y René Morales».
Annie Bird, codirectora de la Organización basada en Washington y Toronto, Rights Action explicó a The Associated Press que Trejo debía viajar en octubre a Washington para participar en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el problema del Bajo Aguán en tanto «responsable de anular los títulos de propiedad de los terratenientes sobre esas fincas».

AP

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