El presidente venezolano, Hugo Chávez, y el candidato de la alianza opositora, Henrique Capriles, presentan dos modelos económicos distintos para afrontar las asignaturas pendientes de un país que crece al 5%, pero arrastra problemas de productividad y una dependencia completa del petróleo.
Los venezolanos han visto en los últimos años un incremento de los ingresos de las clases más bajas y «desfavorecidas» con un amplio abanico de subsidios a personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que se disparaban los precios en los anaqueles de los supermercados en porcentajes que hoy se sitúan alrededor del 20% anual y que no evitan la escasez de productos.
El modelo económico impulsado por el gobierno de Chávez, en el poder desde 1999, ha estado marcado por la bonanza petrolera que ha financiado sus programas sociales, y también por las expropiaciones, las nacionalizaciones, la regulación de precios y el control de cambios que ha que ha convertido su relación con el sector privado en una polémica continua.
El Gobierno se ha servido de los fuertes ingresos por el petróleo -que pasó de 16 dólares por barril en 1999, a 105,3 dólares este año- para financiar un gasto siempre creciente.
Por su parte, Capriles ha anunciado que en su Gobierno se acabarán las expropiaciones y nacionalizaciones, que respetará la propiedad privada e invitará a la inversión internacional, a lo que su rival ha replicado que el líder opositor tiene un programa oculto de corte neoliberal.
Situación compleja
«Sea quien sea el Gobierno va a encontrar una situación compleja», dijo a Efe el economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) José Manuel Puente quien señala que hay «grandes desequilibrios» en la economía venezolana que supondrán retos para el vencedor en los comicios.
Puente explica que Venezuela tiene una política económica «inconsistente, particularmente fiscal y cambiaria», además de estar «hiper-regulada» con controles de precio, de cambio y de tasas de interés, además del impacto negativo sobre la inversión que implican las «sistemáticas» expropiaciones y nacionalizaciones.
El Estado venezolano ha implementado un estricto control cambiario desde 2003, que limita el acceso a divisas y mantiene el dólar en el equivalente a 4,30 bolívares, precio que en el ilegal mercado paralelo es de más del doble.
A mediados de julio la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, emitió un informe en el que indica que en los últimos diez años del Gobierno de Chávez, se perdieron 170.000 empresas de las 617.000 existentes y que en ese período fueron expropiadas otras 2.300. EFE
