El intenso debate de la Asamblea General de Naciones Unidas terminó, pero los países latinoamericanos interesados en explorar nuevas rutas para combatir el narcotráfico insisten en su mensaje.
Los gobiernos de México, Guatemala y Colombia dijeron este martes, en una declaración conjunta enviada a las Naciones Unidas, que es «inaplazable» revisar el enfoque actual de la lucha contra el narcotráfico y pidieron al organismo multilateral que lidere el análisis para explorar vías alternativas, «incluyendo medidas regulatorias o de mercado».
Los embajadores de México, Colombia y Guatemala ante Naciones Unidas firmaron una carta que acompaña a la declaración y que va dirigida al Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, en la que expresaron que el documento de 12 puntos hace eco de lo que dijeron los presidentes de los tres países latinoamericanos ante la Asamblea General la semana pasada.
Tanto el presidente mexicano Felipe Calderón, como el colombiano Juan Manuel Santos y el guatemalteco Otto Pérez Molina, dijeron en sus discursos ante el organismo internacional que ya es hora de considerar vías alternativas a la lucha contra las drogas y a la violencia que provoca.
Los tres lo repitieron por escrito el lunes.
En su declaración difundida el martes, el trío de gobiernos destaca «que la Organización de las Naciones Unidas debe ejercer el liderazgo que le corresponde en este esfuerzo y conducir una profunda reflexión que analice todas las opciones disponibles, incluyendo medidas regulatorias o de mercado, a fin de establecer un nuevo paradigma que impida el flujo de recursos hacia las organizaciones del crimen organizado».
El documento también propone que los resultados del nuevo debate sean explorados en una conferencia internacional que permita «tomar las decisiones necesarias» para combatir el flagelo de forma más eficaz.
La declaración afirma que a pesar de los esfuerzos emprendidos por la comunidad internacional a través de décadas, el consumo de sustancias ilícitas «sigue incrementándose a nivel global» y que eso genera «cuantiosos ingresos para las organizaciones criminales en todo el mundo». AP
