Las acciones y omisiones de los Estados junto con otros agentes económicos propician la pobreza. Cuando las políticas públicas olvidan a los más necesitados, la pobreza se transmite de generación en generación
La mitad de la población en los mal llamados “países en vías de desarrollo” vive bajo extrema pobreza. Millones de personas carecen de recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación. En un mundo con un nivel de desarrollo económico sin precedentes, erradicar la pobreza extrema debería ser una obligación legal para todos los gobiernos.
Los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, proclamados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instan a los Estados a implantar las medidas necesarias para acabar con la extrema pobreza. Poner fin a la pobreza no es sólo un deber moral, sino una obligación jurídica en el marco de la normativa internacional de los derechos humanos.
La miseria no es inevitable. Las acciones y omisiones de los Estados junto con otros agentes económicos propician la pobreza. Cuando las políticas públicas olvidan a los más necesitados, la pobreza se transmite de generación en generación. Si no se abordan las desigualdades estructurales, de orden político, social, económico y cultural, la pobreza se acentúa.
Los principios del Consejo de la ONU suponen el reconocimiento explicito de los Estados de la existencia de la extrema pobreza. “Se trata de una preocupación urgente de derechos humanos y un escándalo moral, cuya erradicación requiere de acciones concretas y coordinadas a nivel nacional e internacional”, ha explicado Magdalena Sepúlveda, relatora especial de la ONU.
La falta de coherencia y de compromiso por parte de los Estados dificulta la erradicación de la pobreza. El objetivo de estos principios es dar a los gobiernos las herramientas básicas para poner fin a esta realidad. Mediante un enfoque basado en los derechos humanos, se propone a los Estados la adopción de políticas públicas necesarias para erradicar la miseria.
La frecuente vulneración de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales es una de las características de la extrema pobreza. Muchas de las personas que sufren esta situación se enfrentan a la denegación de su dignidad y su igualdad. Por este motivo, se exige a los gobiernos que reconozcan a las personas que viven en situaciones de extrema pobreza como titulares de derechos.
“Los Principios Rectores deben ayudar al empoderamiento de las personas que viven en la pobreza, para que puedan reclamar sus derechos, y asegurar que los programas de lucha contra la pobreza alcancen a los más difícil de llegar: los más pobres entre los pobres”, señaló la relatora de la ONU. Dar voz a miles de personas que han sido olvidadas por los gobiernos y desplazadas a un segundo plano entre el olvido y la indiferencia, es uno de sus objetivos fundamentales.
Las políticas públicas orientadas a superar la pobreza deben respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos. “Ninguna política, en ningún ámbito, debe agravar la pobreza o tener un efecto negativo en las personas que viven en ella”, subraya uno de los Principios Rectores.
Las condiciones de trabajo peligrosas, la falta de alimentos nutritivos, la insalubridad de la vivienda, el acceso desigual a la justicia, la falta de potestad política y el limitado acceso a la sanidad, son algunas de las barreras que impiden a millones de personas disfrutar de sus derechos y que perpetúan su pobreza. Barreras que, lejos de desaparecer, se multiplican como consecuencia de los recortes en materias sociales por parte de los gobiernos. Medidas justificadas por la crisis económica mundial, cuyo resultado es más pobreza y más miseria.
En un contexto de crisis económica global, los gobiernos olvidan a los más pobres. Las ayudas se reducen y la miseria aumenta. La propuesta del Consejo de la ONU es un paso hacia delante en la erradicación de la pobreza. Es esencial reconocer la realidad que nos rodea para poder ponerle fin. Y aún más importante, dar voz a las personas afectadas para que puedan tomar sus propias decisiones, desarrollar su propio potencial, su sentido de la dignidad y su derecho a participar en las decisiones que afectan a su vida. Todo para acabar con una realidad evitable.
Irene Casado Sánchez
