Caso de arrendamiento de institución educativa en Guatire pica y se extiende. Directora de la institución, Gleyve Rey, afirma que jueza esta parcializada al no estudiar sus alegatos y perjudica con su decisión a más de 80 niños
La directora del Centro de Educación Inicial “Beato Manuel Domingo y Sol”, ubicado en la urbanización La Rosa de Guatire, Gleyve Yamilet Rey Vargas, denuncia ante la opinión pública a la jueza provisoria del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Miranda, abogada Ana María Bonaguro, por presuntamente mostrar parcialidad en el juicio que por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento inició en su contra la propietaria del inmueble en donde funciona la institución y afirma el caso será llevado al Tribunal Supremo de Justicia.
La denunciante afirma que mantenía un contrato de arrendamiento con la ciudadana Katiuska Indira Villamizar, con quien además firmó un contrato de opción compra-venta del inmueble en la Notaria del
Municipio Zamora y los acuerdos fueron incumplidos por parte de la arrendadora, según declaró Rey Vargas, a pesar de haber entregado un monto inicial para asegurar el negocio.
Agregó que “me hicieron un desalojo arbitrario aprovechándose de la temporada vacacional, destruyeron bienes materiales y luego ha venido una serie de ataques en mi contra, que no sólo perjudican a mi persona sino a toda una comunidad escolar, aún cuando están en vigencia los contratos de arrendamiento y de opción compra venta”.
El caso ha sido presentado en varias instancias legales y la directora de la institución, Rey Vargas, asegura que no se ha cumplido un debido proceso por parte de la jueza Ana María Bonaguro, explicando que “ha dado el beneficio a los propietarios, ordenando hacer la entrega del inmueble, desconociendo las consideraciones realizadas por la Procuraduría General de la República, que en un escrito resalta,
que se deben abstener de efectuar cualquier acto en contra de la institución”.
Asegura la propietaria del colegio “Beato Manuel Domingo y Sol”, que “la jueza no ha demostrado ser una persona imparcial y honesta en perjuicio a los ciudadanos que en esa casa de estudio hacen vida; ya tenemos 3 años funcionando en esas instalaciones y ahora nos quieren desalojar de la manera más arbitraria. He cancelado todos mis cánones de arrendamiento directamente en el tribunal y esos pagos han sido cobrados por los arrendadores”, aseguró.
“Tengo todos mis papeles en regla y contamos con el permiso del Ministerio del Poder Popular para la Educación, sin embargo, no nos ha escuchado, ni hemos tenido la oportunidad de conciliar. Por eso, estamos denunciando el abuso de poder de esta jueza y queremos llamar la atención de la comunidad en general pues es un daño que afecta a un grupo importante de personas. Esperamos que se haga justicia y concluya este atropello porque sólo queremos trabajar”, culminó Gleyve Rey Vargas.
LV
