El despacho estadal ha realizado en 2012, un estimado de 40.863 visitas a establecimientos asociados con sus áreas de competencia en beneficio del pueblo.
La denuncia es el mecanismo más eficaz para que la ciudadanía se proteja contra la aplicación de biopolímeros, sustancia cuyo uso para procedimientos estéticos está prohibida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud desde diciembre del 2011, a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), ente que atiende las quejas oportunas que formule la población.
Diógenes Morales, coordinador estadal del SACS en el estado Miranda, destacó que aunque el despacho realiza de forma permanente inspecciones en los establecimientos de salud, es la ciudadanía la que debe alertar para que el personal contralor de salud pueda realizar las investigaciones en algún centro que opere de forma ilegal, a los fines de obtener de primera mano los elementos que se constituyen en violación de las normas y así poder aplicar las sanciones que corresponden de acuerdo con las competencias del ente contralor.
Igualmente, el vocero señaló que en el caso de establecimientos que no poseen autorización ni registro sanitario para la realización de procedimientos invasivos con fines estéticos, el despacho ordena el cierre inmediato, tal el caso de dos locales ubicados en la avenida Independencia de Los Teques y en Chuao, municipio Baruta, respectivamente, por no tener los permisos reglamentarios.
Durante 2012 y de acuerdo con los lineamientos emanados de la dirección nacional del SACS, a cargo de Divis Antúnez, el despacho estadal ha realizado 40.863 inspecciones en los siete distritos sanitarios adscritos a la Dirección Estadal de Salud, en materia de alimentos, materiales y equipos, drogas y cosméticos, establecimientos de salud y estética humana, para impedir y corregir irregularidades. “Si las denuncias no nos llegan, nosotros no podemos actuar, tenemos casi 20 mil establecimientos en el estado Miranda, en los cuales hacemos inspecciones, por lo que el ciudadano es en el ejercicio de sus derechos quien puede aportar mucho con su denuncia oportuna”, advirtió el contralor, al informar que se garantiza la confidencialidad a través del número 04265128504 y el correo electrónico cesacsm@gmail.com.
Enfatizó que el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de corresponsabilidad, y que todos los ciudadanos tienen el deber de contribuir a garantizar la salud, reivindicando la cultura de la denuncia con relación a toda actividad que represente una irregularidad. “Estos biopolímeros entran de forma ilegal al país, nadie debe permitir su aplicación, un profesional de la salud con ética no usa estas sustancias”, apuntó.
Iraida Rojas
