González calificó como “poco serio” que una decisión de esta naturaleza sea comunicada al agente diplomático en base a una llamada telefónica, y manifestó que si bien el Estado no tiene que exponer los motivos de su decisión, según el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si corresponde una notificación oficial escrita emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Recordó que en derecho diplomático y en estricto apego a la legalidad internacional, la expulsión de un agente diplomático es una medida extrema y grave que debe estar precedida de una acción de Declaración de Persona non grata para que esta sea efectiva.
“Situaciones como ésta ponen de manifiesto el desconocimiento de las normas, usos y costumbres de la práctica diplomática y afectan la credibilidad del país y el manejo responsable de las relaciones internacionales de la República”, concluyó.