La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) impuso hoy una sanción administrativa que ordena a once de sus extrabajadores a pagar una multa de aproximadamente 27.600 millones de dólares cada uno, por daños al patrimonio de la nación durante el paro petrolero de 2002.
«Es un promedio de 119.000 millones de bolívares por persona, es una cosa absolutamente absurda», dijo a Efe el abogado Gonzalo Himiob, quien representa a quince de los 185 extrabajadores que están siendo procesados por la Dirección de Contraloría de PDVSA.
Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, una huelga impulsada por la oposición para presionar al presidente Hugo Chávez a renunciar prácticamente paralizó la petrolera y derivó en el despido de la mayor parte de la directiva de PDVSA mientras que cerca de 20.000 de los 40.000 trabajadores de la empresa que se sumaron al paro fueron dados de baja por abandonar los puestos de trabajo.
La huelga se saldó con pérdidas calculadas en 13.000 millones de dólares, según dijo en 2005 el ministro de Minería y Petróleo y también presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
La jornada de hoy se anunció la decisión contra un primer grupo de doce extrabajadores, once de los cuales fueron sentenciados a pagar la suma millonaria, mientras que uno de ellos fue absuelto. Se espera que a partir de la semana que viene se anuncien los fallos para el resto de los acusados, según el abogado.
Himiob indicó que en caso de que los extrabajadores se nieguen a pagar esta multa derivada de una sanción administrativa el proceso puede trascender a tribunales y «podrían intentarse acciones de recuperación contra los bienes que tengan en Venezuela estas personas», la mayoría de las cuales se encuentra fuera del país.
«Anticipamos que en todos los casos, lamentablemente, van a ser decisiones similares (…) porque se trata de unas investigaciones que no tienen ni pies ni cabeza», dijo más temprano Himiob al canal Globovisión y aseguró que esta investigación «tiene un marcado tinte político».
Efe intentó sin éxito conseguir alguna postura de PDVSA ante estas decisiones.
A mediados de 2005, Ramírez calificó al paro petrolero como «un crimen contra el pueblo venezolano» y reclamó que «ni siquiera los ejércitos de ocupación atentan contra los pozos petroleros del país ocupado». EFE