NUEVA YORK. A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales, hay zonas del país que no satisfacen o apenas pueden cumplir con las normas impuestas por el gobierno para ayudar a los inmigrantes a votar en un idioma que no sea el inglés.
Paul Adams, director de la junta electoral del condado de Lorain, en Ohio, conoce bien el problema. Se vio obligado hace poco a pedir 183.000 dólares adicionales a las autoridades de su jurisdicción para poder cubrir el gasto de imprimir y enviar boletas bilingües – en español e inglés – a los votantes, que las reciben por correo.
«Antes, las papeletas en inglés eran de dos páginas y enviar cada una, y que el votante la devolviera, costaba aproximadamente 65 centavos. Ahora, en español e inglés son de cuatro o cinco páginas y el costo ha subido a 1,70 por envío», dijo Adams. «Creo que existe la necesidad de ofrecer asistencia adicional a estos votantes pero no estoy convencido de que se tenga que ir tan lejos con los requisitos que se nos imponen».
Adams, quien vive en un condado que ha sufrido recortes presupuestarios, no está solo.
Funcionarios de varias jurisdicciones se quejan de la falta de dinero para imprimir o enviar papeletas bilingües a los votantes, la dificultad para encontrar a intérpretes que trabajen en centros de votación y hasta la confusión generada por el español usado en algunas boletas. El problema ocurre, además, cuando parece que estas papeletas son más necesarias.
Aproximadamente 13,4 millones de ciudadanos en edad de votar y pertenecientes a grupos de lenguas minoritarias vivían en las jurisdicciones que ofrecían papeletas bilingües para los comicios del 2008. La cifra es ahora de más de 19 millones de ciudadanos, según datos del Departamento de Justicia, lo que representa un aumento del 42,7%.
En el condado de Fort Bend, en Texas, el problema no es el dinero sino la falta de ciudadanos estadounidenses bilingües que ayuden en sus centros electorales a votantes hispanos, tal y como ordenó el gobierno a la jurisdicción en abril del 2009, tras llevarla a los tribunales.
«No sabemos qué va pasar si el gobierno nos dice que no hemos cumplido con el acuerdo totalmente, porque no lo hemos hecho», dijo John Oldham, administrador electoral del condado, tras explicar que necesitan 200 empleados bilingües y cuentan con aproximadamente 130. «Simplemente no hemos podido encontrar el número de personas que hablen español y que se estipula en nuestro acuerdo con el Departamento de Justicia».
Ofrecer papeletas en otros idiomas además del inglés es obligatorio en numerosos condados seleccionados por el gobierno siguiendo las pautas fijadas por el el Voting Rights Act, la legislación que vela por los derechos del votante. Esa ley estipula que una jurisdicción debe ofrecer asistencia idiomática a los votantes si más del 5% de los ciudadanos en edad de votar son miembros de un grupo lingüístico minoritario, «no hablan o entienden de forma suficiente el inglés para participar en el proceso electoral» y no tienen altos niveles educativos.
AP
