Bajo un clima de presión social, el gobierno panameño anunció que derogará la polémica ley que permite la venta de las tierras de la zona libre de Colón, pero la medida distó de aplacar inmediatamente las protestas callejeras contra esa norma que desembocaron el viernes en caos y saqueos de comercios en la capital.
El ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, informó en una rueda prensa que se utilizará la vía legislativa para derogar la norma, que había sido aprobada aceleradamente el 19 de octubre por la mayoría oficialista. Explicó que a solicitud del mandatario Ricardo Martinelli y de los diputados de gobierno desde este viernes se trabajará en la derogación.
El presidente del legislativo, Sergio Galvez, explicó que los tres debates al proyecto que deroga la controversial iniciativa se darán entre el viernes y el domingo. Henríquez había dicho antes que el consejo de gabinete se reuniría el domingo para aprobar la derogación, un día después del retorno previsto de Martinelli de una gira por Japón y Vietnam.
«En su lugar se adelantará para hoy (viernes) el proceso de derogación a través de la Asamblea Nacional», señaló el ministro.
El país amaneció el viernes con una huelga de 24 horas impulsada por el poderoso sindicato de la industria de la construcción en solidaridad con los reclamos populares en la provincia de Colón, situada a 80 kilómetros al norte de la capital y centro de las protestas desde la semana pasada, que hasta el momento dejaron al menos tres muertos, incluyendo un menor de 10 años y dos adultos.
Los centenares de huelguistas bloquearon desde las primeras horas numerosos puntos de la capital, lo que congestionó fuertemente el tráfico, y marcharon luego hacia una plaza cercana a la Asamblea Nacional, donde horas después estallaron enfrentamientos entre la policía antidisturbios que lanzó gases lacrimógenos mientras los manifestantes respondieron con palos y piedras.
Los manifestantes huyeron en masa de la zona que quedó cubierta de un manto gris por los gases y se refugiaron en una zona contigua de tiendas y comercios, algunos de los cuales fueron saqueados, informó la Policía Nacional.
En esos actos de vandalismo en la zona conocida como Calidonia, en el centro de la capital, fueron detenidas al menos 200 personas, señaló la policía. No hubo de inmediato un reporte oficial sobre personas heridas.
En Colón permanecían detenidas alrededor de 250 personas por las protestas desde la semana pasada, que además de los tres muertos dejaron decenas de heridos por impacto de bala en esa provincia, la segunda más importante del país, según el no gubernamental Movimiento Amplio Colonense.
«¡Abajo Martinelli!», «¡No a la venta de las tierras!», gritaban temprano los trabajadores mientras marchaban portando banderas rojas del sindicato que aglutina a nivel nacional a algo más de 100.000 obreros. En Colón sólo se reportaron el viernes algunos actos de protestas sin mayores inconvenientes, pues la atención se centró en la huelga y marcha de los obreros en la capital.
«Hay que agilizar (la derogación de la ley) para tranquilidad del pueblo de Colón, del país», dijo antes de que estallaran los disturbios el líder del Sindicato Nacional Unico de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez. «El gobierno tiene que actuar sin demoras en esto, soltar los detenidos de Colón, indemnizar a las familias de las víctimas. No se puede gobernar a espaldas de la población», agregó.
Las manifestaciones estallaron con fuerza hace una semana en Colón después de que el legislativo aprobó a toda prisa la ley. Martinelli la sancionó de inmediato antes de partir a Japón.
Los colonenses rechazan que el gobierno venda las tierras que le pertenecen al Estado en la zona libre porque consideran que son activos valiosos y un patrimonio de la provincia, aquejada históricamente por la pobreza.
El gobierno propuso el martes modificar la norma para elevar los aportes de las ventas de las tierras de un 35 a 100% para destinarlos a proyectos sociales en Colón. Luego Martinelli se comprometió a no vender las tierras, pero el Movimiento Amplio Colonense exigió la derogación de la ley.
El gobierno aseguró que buscaba vender las tierras a las empresas que operan en la zona franca para obtener ingresos frescos y destinarlos a Colón, entre otras razones.
Establecida en 1948, la zona libre cuenta con 1.000 hectáreas (2.471 acres), de las cuales entre 500 y 600 hectáreas (1.235 y 1.482 acres) son alquiladas por 2.000 empresas, según estimaciones oficiales. Otras 1.200 empresas no tienen presencia física y operan de papel.
Se estima que la zona, que emplea a 30.000 personas, cerrará este año con un movimiento comercial por 30.000 millones de dólares.
Colón, con 245.000 habitantes, es considerada la segunda provincia en importancia del país en lo económico y logístico, aunque la pobreza afecta a la mitad de sus habitantes, según cifras oficiales e independientes. AP
