La propuesta de paz en la confrontación armada de Colombia sería del 15 de diciembre al 15 de enero, explicó Luis Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra
BOGOTÁ. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC deberían declarar una tregua durante la Navidad y el Año Nuevo como una forma de dar confianza a los venideros diálogos de paz y en un gesto de solidaridad con la población, exhortaron el martes voceros de una de las mayores redes de activistas y de la civilidad del país.
La tregua propuesta en la confrontación armada sería del 15 de diciembre al 15 de enero, explicó en diálogo telefónico Luis Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), surgida en noviembre de 1993 como un grupo de la sociedad civil para promover la paz en el país.
“Esta es una propuesta que Redepaz hace a la mesa de negociación, a los actores armados para que iniciados los diálogos y en víspera de la Navidad del 2012 y del año nuevo se pacte, o se avance hacia una tregua o cese al fuego, o de hostilidades en la época de Navidad del 15 de diciembre al 15 de enero de 2013, que permita en primer lugar que cesen los ataques, los asesinatos, etcétera, la confrontación armada y en segundo lugar rodear de confianza el proceso y que la sociedad colombiana empiece haber beneficios a corto plazo” de los diálogos entre ambas partes, agregó Sanabria.
Dijo que esperan una pronta respuesta a su pedido formulado en un comunicado público divulgado la víspera tanto al gobierno como a las rebeldes Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC).
“Sería una tregua que en el tiempo son 30 días, y que a su vez lo que queremos es que también los negociadores expresen solidaridad y amor por el pueblo colombiano en la medida en que una actividad de este tipo reduce la muerte, pero también permite que la gente pueda ir a sus casas, a sus campos, pueda trasladarse por las carreteras sin temor hacer secuestrado, o a sufrir alguna confrontación armada”, indicó.
Pero el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón pareció nuevamente cerrar la puerta a un alto en las acciones de los militares al asegurar que “la fuerza pública tiene el deber constitucional de perseguir a todos los criminales”. Sus declaraciones a reporteros fueron divulgadas por su despacho en un correo electrónico.
“Desconozco su paradero”, respondió Pinzón consultado sobre versiones de medios locales de un supuesto viaje el martes desde Colombia a Cuba de la guerrillera holandesa y miembro de las FARC, Tanja Nijmeijer, alias Alexandra, que fue designada por la insurgencia como parte de su equipo colaborador en las negociaciones.
“Lo que he oído hace bastante tiempo es que esa señora lleva un año fuera del país”, añadió. No dijo dónde podía encontrarse la insurgente o el origen de esas versiones de que estaba fuera del país, aunque ya en el pasado ha indicado que algunos testimonios de desmovilizados de las FARC son fuente para sus informaciones.
Negociadores del gobierno y de la insurgencia tienen previsto reunirse en Cuba el 15 de noviembre para tratar el primero de los cinco puntos pactados en una agenda de diálogos destinada a poner fin al conflicto armado interno que ya dura casi 50 años.
Las FARC, surgida en 1964 y con unos 9.000 integrantes, ha dicho que entre los primeros temas que deberían discutir las partes está un cese al fuego, pero el presidente Santos ha descartado un alto a la acción de la fuerza pública al asegurar que un cese de hostilidades debe ser fruto de un acuerdo final de paz y ya como fin de la confrontación.
El ministro de Defensa Pinzón ha asegurado que desde que se anunció el proceso de paz, a inicios de septiembre, y hasta esta semana unos 50 rebeldes han sido abatidos por la fuerza pública.
AP
