BRASILIA. Un grupo de legisladores de la oposición solicitó formalmente este martes a la Procuraduría General de Brasil que investigue la responsabilidad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el escándalo de corrupción de su Gobierno ocurrido entre 2002 y 2005 y que está juzgando el Tribunal Supremo.
La petición fue presentada a la Fiscalía por cinco diputados y senadores de los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Popular Socialista (PPS), dos de las principales fuerzas opositoras.
La denuncia se apoya en reportajes publicados por la prensa local en los que se involucra a Lula como máximo responsable del caso de sobornos a parlamentarios que se juzga en el Supremo, según un comunicado difundido por los legisladores.
Esos reportajes se basan a su vez en supuestas declaraciones de uno de los reos, el publicista Marcos Valerio Fernandes, que después de conocer su condena de 40 años de prisión presentó a la corte una oferta de “colaboración” con la justicia, con el fin de intentar una reducción de la dura pena.
Según la prensa local, Fernandes tendría informaciones que pudieran involucrar directamente en las corruptelas a Lula, quien no figura entre los acusados, pero nada de eso ha sido confirmado.
El presidente del Supremo, Carlos Ayres Britto, admitió que la corte recibió esa oferta de “colaboración”, aunque la consideró “tardía”, pues “el caso ya ha sido juzgado”, con lo cual una nueva declaración de Fernandes no modificaría el fallo dictado.
El Supremo retoma mañana el juicio después de dos semanas de receso para continuar con la asignación de sentencias contra los 25 reos que han sido hallados culpables.
Hasta ahora se han dictado penas contra dos de los reos, entre ellos Fernandes, que deberá cumplir 40 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, corrupción activa, malversación, lavado de dinero y evasión de divisas.
Está pendiente la pena del exministro de la Presidencia José Dirceu, considerado brazo derecho de Lula en la época, y que ha sido encontrado culpable de dirigir toda la trama de corruptelas.
El proceso ha probado que, entre 2002 y 2005, operó una vasta red de corrupción tejida por el Partido de los Trabajadores (PT), que utilizó dinero público para financiar campañas, sobornar a dirigentes de cuatro partidos y “comprar” así la mayoría parlamentaria que Lula no había ganado en las urnas.
La denuncia interpuesta contra Lula fue firmada por cinco legisladores.
Agencias
