La Comisión Inteamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a los Estados a garantizar la integridad de todas las personas que acudieron a las audiencias y las reuniones de trabajo realizadas en la CIDH en el marco del 146o Período de Sesiones. Asimismo, la Comisión insta a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias a fin de que estas personas puedan continuar desarrollando su trabajo de defensa de los derechos humanos en condiciones de seguridad.
La CIDH valora positivamente la participación de representantes de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de víctimas, peticionarios y representantes de la sociedad civil en audiencias y reuniones de trabajo en las sesiones. Esta participación constituye una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes de la región.
No obstante, la Comisión Interamericana condena las amenazas, represalias y acciones de descrédito de que han sido objeto algunas de las personas que acudieron a audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH en recientes períodos de sesiones, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de altas autoridades estatales.
La Comisión considera inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. La Comisión Interamericana condena estos hechos, y recuerda que el artículo 63 de su Reglamento establece que los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
La CIDH expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de que este tipo de represalias se repita y urge a los Estados a adoptar todas las acciones necesarias para evitarlo. En este sentido, es relevante tener en cuenta la declaración conjunta emitida el 14 de marzo de 2012 por los Relatores sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y de la CIDH. En dicha declaración, los Relatores y Relatoras expresaron su grave preocupación en relación con actos de represalias contra personas y grupos que buscan cooperar con los sistemas de derechos humanos regionales y de la ONU. Dicha declaración indica que “la ONU y los sistemas regionales de derechos humanos dependen completamente de la cooperación libre y sin riesgo de la sociedad civil para su funcionamiento eficaz” y agrega que “las represalias deben cesar de inmediato, y deben realizarse investigaciones confiables sobre los casos de represalias pendientes”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
