Dos de las 40 mil propietarias que tienen sus inmuebles alquilados con juicios por desalojos paralizados, se encadenaron a las puertas de la Superintendencia de Arrendamientos (Sunavi), en Caracas, para exigirle al organismo dé celeridad en los procesos para la recuperación de sus viviendas.
40 mil juicios por desalojos se encuentran paralizados
Dos propietarias de inmuebles en alquiler tomaron un par de cadenas y se ataron a las puertas de la Superintendencia de Arrendamientos (Sunavi), en Caracas para exigirle al organismo celeridad en los procesos para la recuperación de sus casas tras varios años sin poder entrar a ellas por el impedimento de sus inquilinos quienes se rehúsan a la devolución
Encadenada y con lágrimas en los ojos, que denotaban impotencia y desesperación Marisa Fariñas, afectada y coordinadora del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler (Codevivial), narraba a las afueras de la sede de la Superintendencia de Arrendamientos, en la Av. Principal de Las Mercedes, llevar más de dos años intentando que sus inquilinos paguen por el inmueble que su madre mantiene alquilado.
“Yo lo único que pido es justicia, una que hasta ahora no he tenido. Son meses que no entra ni medio a mi casa, mi mamá y yo estamos viviendo de la solidaridad de los amigos y eso no es justo teniendo nuestra propiedad”, expresó la afectada.
Y es que, asegura que los arrendatarios que habitan en su propiedad, ubicada en los Frailes de Catia, se han negado a cancelar la cuota mensual (pese a estar congelada desde hace mucho tiempo) argumentando estar amparados por el Gobierno y la Ley de Arrendamiento para viviendas.
Según el testimonio de la afectada una funcionaria del referido organismo, les recomendó a los arrendatarios dejar de pagar y cambiar las cerraduras de las puertas para impedirles el ingreso a la propiedad que les pertenece.
Clama justicia
“Qué clase de justicia es la que estamos recibiendo si tenemos a personas como esa señora en las instituciones que se suponen deben ser imparciales y que su único deber es velar por el respeto al derecho de los ciudadanos”, manifestó.
Fariñas lamentó el tiempo que demora un proceso de este tipo asegurando que pasan años sin que se hagan las inspecciones a los inmueble o que siquiera sean citadas las partes en conflicto para corroborar la veracidad de los casos.
De acuerdo, a las cifras que maneja la asociación a la que pertenece, tan sólo en Caracas existen 620 propietarios bajo la misma situación y que han acudido a ellos en busca de una ayuda o apoyo ante la falta de atención oficial.
Cabe destacar, que Fariñas como miembro de Codevivial, se ha mantenido trabajando en pro de los afectados por esta Ley, que a su juicio discrimina unos y protege a otros.
“Nosotros nunca hemos pedido la cabeza de los inquilinos, desde la cera de los propietarios solo pedimos que la justicia sea equitativa. No estamos de acuerdo con los desalojos arbitrarios, ni de dejar a nadie en la calle, pero también exigimos que ser tratados como iguales”, dijo.
“Me ofrecieron un refugio”
Yoleida Moreno, al ver a Fariñas encadenada y pidiendo justicia por la propiedad de madre, se sintió identificada y se unió a la protesta amarrándose también a las rejas del ente gubernamental.
La mujer que venía por “enésima” vez desde Barquisimeto, a verificar el estatus de la solicitud de desalojo, para los inquilinos que habitan en un apartamento de su propiedad, ubicado en El Silencio, decidió sumarse al reclamó en vista de tener años esperando por la recuperación de su inmueble.
“Me he cansado de venir a Caracas, buscando que se haga justicia, buscando recuperar la casa que tanto esfuerzo me costo adquirir, y así darles un techo a mis nietas que están aquí estudiando y no tienen dónde vivir. Hace años que se venció el contrato y ellos pese a que les he dado tiempo no han querido irse”, relató.
Indicó que en una de las tantas oportunidades que en las que ha pisado las oficinas de la Superintendencia de Arrendamientos, los funcionarios que le atendieron le expresaron que la única solución que le podían dar era facilitarle un cubículo en un refugio.
40 mil juicios paralizados
A un año de la promulgación de la Ley de Alquileres, se encuentran 40 mil juicios por desalojos paralizados, según cifras que maneja la Asociación de Propietarios de Muebles Urbanos (Apiur).
Cabe recordar, que este procedimiento paso a manos de la Superintendencia de Arrendamiento, organismo que asumió la competencia de los tribunales en esta materia.
Durante una asamblea realizada ayer lunes en la que recolectaron firmas para un pliego de solicitudes al Ejecutivo Nacional, el presidente de la organización manifestó que la normativa ha generado el colapso total del mercado de alquileres en el país reduciendo su oferta a un 95 por ciento.
Rechazó que tras doce meses no estén funcionando oficinas del ente oficial en cada uno de los municipios del territorio nacional y que aún no se hayan fijado los cánones de arrendamiento.
Agregó que no sé han nombrado los delegados regionales y permanece cerrado desde hace siete meses el tribunal dónde los inquilinos pueden cancelar su alquiler, situación que a su juicio ha contribuido con el impago a propietarios.
Nelyabith Bello
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