El Ministerio Público logró privativa de libertad para la funcionaria de la Policía del estado Cojedes, Karen Franco; y las civiles Ana Victoria Guerra y Olanda Sánchez, por presuntamente haber estafado a través de la venta programada de vehículos a 22 personas.
La denuncia fue realizada por las víctimas el pasado 5 de octubre ante el Ministerio Público.
En la audiencia de presentación, el fiscal 10º de la citada jurisdicción, Jesús Superlano, imputó a las tres mujeres por la presunta comisión de los delitos de estafa y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En ese sentido, el Tribunal 1º de Control de Cojedes, con base en los elementos de convicción expuestos por el fiscal, dictó la medida privativa de libertad para las imputadas y fijó como sitio de reclusión la sede del mencionado cuerpo policial.
De acuerdo con la investigación, Guerra presuntamente se hizo pasar por funcionaria pública y afirmó tener un contacto que facilita la adjudicación de vehículos, a través de la empresa Suministros Venezolanos Industriales C.A (Suvinca), adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Mientras que la funcionaria Karen Franco y Olanda Sánchez, habrían servido de enlace con las 22 personas que pretendían comprar los vehículos.
Las víctimas pagaron entre 15.000 y 25.000 bolívares de inicial para adquirir los automóviles, los cuales debían ser entregados en un lapso de un mes. Al cumplirse el lapso establecido por las mujeres y ante el incumplimiento de lo acordado, las víctimas presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.
Franco, Guerra y Sánchez fueron detenidas el pasado 12 de noviembre, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en virtud de las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el mencionado Tribunal.
