Un adolescente hizo comentarios ofensivos en Twitter sobre una niña asesinada. Otro muchacho escribió en Facebook que los soldados británicos deberían «irse al infierno». Un tercero publicó la foto de una amapola de papel quemándose, símbolo de la remembranza de los muertos en la guerra.
Todos fueron arrestados, dos condenados y uno encarcelado, y no son los únicos. En Gran Bretaña cientos de personas son procesadas judicialmente cada año por escribir mensajes en redes sociales, de texto y en correos electrónicos que parezcan amenazantes, indecentes, ofensivos u obscenos y el número está creciendo a medida que se expanden nuestras vidas en internet.
Los abogados opinan que el aumento muestra los problemas de un sistema legal que trata de regular comunicaciones del siglo XXI con leyes del siglo XX. Los defensores leyes civiles dicen que es una amenaza a la libertad de expresión en una era en la que internet le da a todos el poder de ser escuchado en todo el mundo.
«Hace 50 años alguien hubiera hecho un comentario realmente ofensivo desde un espacio público y posiblemente lo hubieran escuchado relativamente pocas personas», dijo Mike Harris, de la organización por la libertad de expresión Index on Censorship. «Ahora alguien sube a Facebook una fotografía de una amapola de papel quemándose y potencialmente cientos de miles de personas pueden verla».
«La gente tiene la iniciativa de reportar este material ofensivo a la policía y de pronto se está castigando penalmente el discurso ofensivo».
Cifras obtenidas por The Associated Press muestran un aumento constante en la cifra de procesos en Gran Bretaña por las comunicaciones electrónicas: llamadas telefónicas, correos electrónicos y opiniones en redes sociales, que son «sumamente ofensivos o de carácter indecente, obsceno o amenazante» de 1.263 en 2009 a 1.843 en 2011. El número de sentencias creció de 873 en 2009 a 1.286 el año pasado.
Detrás de las cifras hay personas —en su mayoría jóvenes y muchos adolescentes— que encuentran que una opinión simplista en internet puede tener consecuencias que cambian la vida.
Nadie sabe mejor esto que Paul Chambers, quien en enero de 2010, preocupado de que la nieve le fuera a impedir abordar un vuelo para visitar a su novia, tuiteó: «¡Mier…! El aeropuerto Robin Hood está cerrado. Tienen una semana para arreglar este (improperio) de lo contrario haré volar por los cielos el aeropuerto».
Una semana después, la policía anti-terrorista se presentó en la oficina donde trabajaba como supervisor financiero. Chambers fue arrestado, interrogado durante ocho horas, acusado, enjuiciado, sentenciado y multado. Perdió su empleo, debe miles de dólares por gastos legales y es, dice, «esencialmente no apto para trabajar» debido a su historial delictivo.
Los casos están creciendo y rápido. En octubre, Matthew Woods, de 19 años, fue sentenciado a 12 semanas en prisión por escribir tuits ofensivos sobre April Jones, una niña desaparecida de cinco años.
El mismo mes, Azhar Ahmed, de 20, fue sentenciado a 240 horas de servicio comunitario por escribir en Facebook que los soldados «deben morir e irse al infierno» después de que seis soldados británicos fueran asesinados en Afganistán. Ahmed rápidamente borró el mensaje, que dijo escribió con rabia, pero de cualquier forma fue sentenciado.
En el Día de la Remembranza, un joven de 19 años fue arrestado en el sur de Inglaterra después de que la policía recibió una queja de una foto en Facebook de una amapola de papel quemándose. Estuvo retenido 24 horas antes de salir bajo fianza y podría enfrentar cargos.
Para los defensores civiles, este fue el arresto más irónicamente doloroso de todos. Es tradicional que las amapolas sean quemadas para recordar el sacrificio de aquellos que murieron por Gran Bretaña y sus libertades.
Críticos de las leyes existentes opinan que ambas son inadecuadas e inconsistentes.
Muchas de las acusaciones ocurren bajo una sección de la Ley de Comunicaciones Electrónicas 2003, actualizada de un estatuto de la década de 1930, que intentaba proteger a los operadores telefónicos del acoso. La ley fue delineada antes de que nacieran Facebook y Twitter y algunos abogados opinan que no es apropiada para vigilar las redes sociales, donde los usuarios muchas veces tienen poco control de quién lee lo que escriben.
Esta y leyes relacionadas buscaban lidiar con la correspondencia que denota intolerancia o llamadas amenazantes a personas, pero están siendo utilizadas para procesar casos donde parece no haber una víctima individual, y muchas veces tampoco amenaza directa.
E internet es tan vasto que regularlo —aunque se desee— es un asunto de azar. Por cada opinión ofensiva que llama la atención, cientos son ignoradas.
Mientras la Corte Suprema en Estados Unidos ha determinado que la libertad de expresión establecida en la Constitución se aplica también en internet, en otros países occidentales la expresión online varía ampliamente.
En Alemania, donde es una ofensa negar el Holocausto, a un grupo neonazi le fue cancelada su cuenta en Twitter.
El diario británico The Sun lanzó una campaña para mayores sanciones a los «trolls» que acosan a gente en la red.
En septiembre el fiscal británico Keir Starmer anunció planes para trazar nuevas directrices para procesar casos en redes sociales y reconoció que demasiados juicios «tendrán un efecto escalofriante en la libre expresión».
AP
