La diputada Milagros Valera considera que el Gobierno Nacional debe descentralizar los centros penitenciarios del país y transferir competencias a las regiones
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social Integral y Salud del Consejo Legislativo del Estado Miranda, diputada Milagros Valera, instó a la ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, a mejorar las condiciones de los centros penitenciarios del país, así como garantizar la integridad y derechos de las mujeres privadas de libertad.
Las declaraciones las ofreció en el marco de la Jornada Integral para la Mujer que se realizó en la sede de Iremujeres, ubicada en la ciudad de Los Teques, donde se dio orientación y asesoría legal, toma de tensión, revisión oftalmológica y odontológica, así como una feria navideña y clases de bailoterapia.
“Expresamos nuestra solidaridad con la jueza María Lourdes Afiuni, pues es lamentable que pese a que en Venezuela gran parte de los poderes públicos están dirigidos por mujeres, las autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, ni el Tribunal Supremo de Justicia se han pronunciado, ni se han abocado a realizar una investigación responsable, por el contrario quienes deben ser garantes de los derechos de la jueza han amenazado con enjuiciarla nuevamente por presunto cargo de difamación”, dijo.
En este sentido, la parlamentaria hizo un llamado a las autoridades a frenar la violencia, ya que según cifras aportadas el 80 por ciento de las mujeres en el país son cabeza de familia, por lo tanto la violencia que se vive en los hogares repercute negativamente en los jóvenes.
“Afiuni ha tenido la oportunidad de expresarse y tiene personas que la están representando ante las instancias de justicia, pero a cuántas de las reclusas del Inof u otros centros penitenciarios les han sido violados sus derechos y han sido vejadas personalmente y esos hechos no salen a la luz pública”, dijo.
Reiteró que Venezuela está ante un Gobierno “incestuoso” por la cantidad de violaciones que se cometen diariamente contra los derechos humanos y constitucionales de la población, como lo son el derecho a la salud, a la vida y al debido proceso.
Finalmente, Valera solicitó al Gobierno Nacional a descentralizar los centros penitenciarios del país y transferir esta competencias a las regiones, tal y como lo ha planteado el gobernador Henrique Capriles Radonski.
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