La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó un pedido de revisión del Estado colombiano de una sentencia sobre una masacre ocurrida en 1997, se informó el miércoles.
La corte, basada en Costa Rica, afirmó que sus sentencias tienen carácter «definitivo e inapelable» y de esta manera desestimó la solicitud de revisión que el Estado le presentó febrero pasado por una condena impuesta en el 2005 por la CIDH a Colombia por una masacre paramilitar en el sur colombiano.
De acuerdo con la Corte «ninguno de los elementos presentados por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad estatal por la comisión de la masacre».
La resolución menciona expresamente el caso de Mariela Contreras, expuesto en la reclamación del Estado para pedir la revisión de la sentencia. La mujer, ante las autoridades colombianas, grupos de derechos humanos y la misma Corte, mintió al denunciar que entre las víctimas de la matanza estaban su esposo e hijos.
La corte expresó que es el Estado es el que debe «adelantar las acciones a nivel interno que considerara necesarias para recuperar los pagos indemnizatorios realizados» a la mujer, que ha dicho a medios colombianos que simplemente una vecina le dijo que podía conseguir ayuda financiera si decía en aquel entonces que su esposo y dos hijos fueron asesinados en la masacre, ocurrida en julio de 1997 en el poblado de Mapiripán, en sureño departamento de Meta .
Por la matanza de Mapiripán, la Corte condenó al Estado colombiano en el 2005 y ordenó realizar pagos de compensaciones «para aproximadamente 49 víctimas reconocidas por el Estado como ejecutadas o desaparecidas» de al menos 80.000 dólares.
«De igual modo la Corte excluyó como víctimas a los señores Omar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca, quienes habiendo sido reconocidos y propuestos como tales por el propio Estado (colombiano), fueron luego cuestionados por el mismo. Es de notar que ni estas personas ni sus familiares contaron con representación o patrocinio alguno en el proceso», dijo la Corte en su pronunciamiento.
La Corte «reiteró la obligación del Estado de continuar con las investigaciones internas para definir la situación de todas las víctimas de la masacre».
Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», quien representó a parte de las víctimas de la masacre comentó en diálogo telefónico que en la entidad a su cargo «estamos muy contentos porque eso era lo que nosotros habíamos solicitado», es decir, que no era procedente cambiar la sentencia de hace siete años «porque las sentencias de la Corte son inapelables».
El activista insistió en que el fallo de la Corte quedó en firme, que los hechos de 1997 en Mapiripán ocurrieron y que el Estado colombiano fue responsable de la masacre a través de varios de sus agentes, porque entre otras razones, no evitaron el paso de los paramilitares hacia el caserío.
Sobre el dinero que el Colectivo de Abogados recibió como honorarios de las personas que mintieron y que dijeron a las autoridades que sus familiares habían muerto en la matanza, Uribe explicó que este pago de 746 millones de pesos (unos 409.000 dólares) ya fue devuelto al Estado colombiano a través de Contraloría General.
AP
