La tan nombrada constitucionalidad en estos días se tergiversa, se manipula y se vende como una consigna política en contra de lo que el gobierno pretende fomentar como “bandos”
Para todo ciudadano que vive en un país democrático es importante participar activamente. La manera en que se organizan los poderes públicos en una nación es otro tema. La teoría dice que es el pueblo soberano quien decide la forma en la cual se estructura un país de acuerdo a los principios y fundamentos que reflejan su idiosincrasia.
La tan nombrada constitucionalidad en estos días se tergiversa, se manipula y se vende como una consigna política en contra de lo que el gobierno pretende fomentar como “bandos”. Algunos, para ellos, son demócratas y constitucionales, esa especie de personas que tratan de etiquetar como revolucionarios si entienden que el proceso es constitucional, y por otro lado, todos los que criticamos esa forma abrupta de imponer voluntades personalistas y de irrespetar el marco que nos rige como norma soberana, por supuesto, para el gobierno somos inconstitucionales.
Esta manera -por cierto altamente criticable al ser desapegada a la inclusión de todo un país- genera de por sí una crisis en cada uno de quienes piensan diferente. ¿Qué somos? ¿Venezolanos de segunda? La pregunta surge para quienes creemos que la democracia se basa en una figura dual que contiene deberes y que genera derechos. ¿Se les olvida que también en la misma constitución el deber y el derecho coexisten?
No es cierto que el poder popular sea un monstruo de siete cabezas y que debamos atacarlo con todos los argumentos posibles, porque eso sería atentar contra nosotros mismos. Pero sí es cierto que las instituciones, las competencias y la descentralización en Venezuela están en pleno proceso de crecimiento a través de gestiones exitosas en varias regiones del país, la mayoría llevadas por gobernantes de la alternativa democrática.
Por lo tanto, sería una abrupta manera de intervenir en ese proceso de desarrollo que lleva el poder local, la contraloría social ciudadana y el respeto a los principios constitucionales. Con esto queremos decir, que aunque la participación ciudadana es un deber-derecho, ella no se encuentra contemplada en la carta magna bajo ninguna figura orgánicamente diseñada para ello. Por lo tanto, sucumbir a un submundo de recursos designados directamente desde el gobierno central a un grupo de organizaciones de ciudadanos, nos quita el mismo deber-derecho a quienes queremos vivir en un país donde no existan formas paralelas ni improvisadas para que las necesidades del pueblo sean cubiertas.
Lo más sano para todos sería ampliar la mesa de diálogo, esto es un formal llamado al gobierno nacional: cumpla su palabra, Presidente. Tome en cuenta todas las posiciones, asuma el rol de líder de la nación y gobierne para todos, sin color, sin partidocracia. Por si se le ha olvidado ya al tener tantos años en el poder, a usted también toca ese combo deber-derecho.
Noel Álvarez *
Twitter: @alvareznv
*Coordinador nacional de Independientes por el Progreso
