MONTEVIDEO. La ley de despenalización del aborto en Uruguay comenzó a aplicarse este lunes en los centros de salud del país dos días después de que agrupaciones sociales y políticas lanzaran una campaña de recogida de firmas para pedir un referéndum que derogue la normativa.
Las mujeres uruguayas y las extranjeras con más de un año de residencia en el país pueden someterse desde hoy a un aborto al cumplirse el plazo legal de diez días desde que el Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en octubre pasado por el Parlamento.
El tema del aborto divide a los partidos políticos y a la sociedad uruguaya casi a la mitad y la ley fue aprobada únicamente con los votos de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.
La nueva ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza antes de las doce semanas siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Desde los centros sanitarios públicos o privados «están obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de ideario», según dijo Leticia Rieppi, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, en declaraciones reproducidas en la página web de la Presidencia.
Dos centros médicos vinculadas a la Iglesia católica anunciaron que recurrirían a esa objeción de ideario, pero ninguna institución se presentó para realizar el trámite frente al MSP.
Las autoridades publicaron un manual y guía de procedimientos que deberán seguir las mujeres, las instituciones sanitarias y los médicos para practicar los abortos.
Las interesadas podrán solicitar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.
Previamente, las pacientes deberán pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que le asesorarán sobre los riesgos de practicarse un aborto e incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
Posteriormente, tendrán cinco días para la reflexión y luego de ratificar su voluntad se le practicará el aborto «que será farmacológico» y siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó recientemente Rieppi a Efe tras la ceremonia de presentación del manual de actuación.
Agencias
