La estructura y mobiliario están valorados en 8 millones de bolívares, pero sus dueños no han sido indemnizados
El sueño de la familia Hernández, de convertir una posada en un sitio turístico y en su sustento, se convirtió en la peor pesadilla, luego que hace dos años las instalaciones fuesen expropiadas por el alcalde de Yare, Saúl Yánez, para instalar el comando de la policía municipal y otras instituciones, sin que los afectados hayan sido indemnizados.
José Gregorio Hernández, Cédula de Identidad 6.303.597, quien es uno de los afectados, señaló que en el 2001 comenzaron la edificación y cinco años más tarde fue constituida la empresa “Posada Parador Turístico Oasis de Yare”, en cuyos documentos se señala el fin de edificación, “y no es como el alcalde ha querido hacer ver que nosotros íbamos a montar un prostíbulo”, dijo el también profesional del derecho.
Veinte habitaciones, varios locales comerciales, un puesto de atención médica y la creación de 25 empleos directos contempla el proyecto de la posada, que según el declarante se comenzó a construir con recursos propios porque las solicitudes hechas al Estado fueron negadas.
Casos con discapacidad
“No es justo que por el capricho del alcalde Yánez nuestra familia, integrada por varios discapacitados y enfermos, esté sufriendo una serie de calamidades, ya que el patrimonio familiar lo invertimos en esta infraestructura pensando en nuestro beneficio, pero también en el desarrollo del municipio recibiendo este trato injusto”, dijo, al tiempo que invitó a la colectividad a observar el video “colgado” en el portal de Web YouTube con el título “¿Corazón de mi patria?”, donde se aprecia el testimonio de su hermana que está en silla de ruedas.
Relató que el caso fue planteado en la Vicepresidencia de la República y luego que el funcionario José Negrón, Cédula de Identidad 15.709.748, realizara el informe “donde se declara lo aberrante de la medida de expropiación por la afectación a personas discapacitadas, extrañamente este hombre fue despedido”.
También refirió que acudió al Tribunal Superior Tercero en lo Civil, Contencioso y Administrativo donde se debió realizar una audiencia en un lapso no mayor a 20 días, “pero debido al retardo procesal, quizás por influencias políticas, el pronunciamiento de este despacho se hizo un año después, alegándose desistimiento, lo cual es injusto porque nosotros somos los primeros interesados en ir a juicio y nunca hemos desistido de nuestros derechos”.
Destacó que la estructura y mobiliario están valorados en 8 millones de bolívares.
Irán a la comunidad internacional
Acudir a organismos internacionales, donde se les garantice sus derechos, pareciera que es la única alternativa que le queda a la familia Hernández.
“No hemos sido escuchados en el país de ahí que acudiéremos a instancias internacionales, como la embajada de España, ya que somos descendientes de esta nación”, dijo.
Es importante destacar que este diario intentó conocer la versión del alcalde de Yare, Saúl Yánez, pero no fue posible.
MIP-TUY Agencia / JCR
