La estatal petrolera venezolana PDVSA multará con 9.000 millones de dólares a 185 extrabajadores a los que acusó del «sabotaje petrolero» que hace una década presionó por la renuncia del presidente del país, Hugo Chávez, informó hoy Alfredo Romero, abogado de 19 de los multados.
Según indicó a Efe Romero, esas son las sanciones que se han ido adoptando por la División de Contraloría de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en las vistas que desde hace dos meses viene realizando para revisar individualizadamente los casos de esos extrabajadores, de los que cinco quedaron exonerados de culpa.
Las multas serán notificados por PDVSA el próximo viernes.
Una fuente de la petrolera confirmó a Efe que este proceso ya concluyó, pero no pudo precisar ni el monto de las multas que serán impuestas ni el momento de su notificación. «Son el equivalente a 50 millones de dólares por cada uno de ellos, monto inalcanzable y absurdamente confiscatorio, una tortura para estos perseguidos políticos», dijo Romero, al precisar que las multas varían según la persona.
Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, una huelga nacional impulsada por la oposición paralizó entre otras actividades la estratégica industria petrolera, a lo que Chávez respondió despidiendo a unos 20.000 empleados, la mitad de la plantilla de la estatal de entonces.
El gobernante se valió de un pito de árbitro para anunciar en una alocución televisada los despidos de los principales dirigentes. Según el abogado, el Gobierno de Chávez «pretende ahora resarcir a costa de estas personas» las pérdidas por 19.000 millones de dólares que dejó la medida de fuerza.
«Esperaremos a que el viernes se produzca la notificación oficial de estas multas, fijadas tras dos meses de un proceso administrativo irregular que concluyó en las últimas horas, y luego apelaremos» ante los tribunales contenciosos administrativos, anunció Romero.
El caso además será denunciado, anunció, en instancias tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «porque la tortura persistirá para ellos y para su familia toda vez que ahora pesa sobre ellos la amenaza adicional de un juicio penal».
Romero anunció que adicionalmente gestionará que los multados sean incluidos en las listas de beneficiarios de una amnistía política que promueve la oposición ante el presidente del país. «Estas personas también son perseguidas políticamente. Muchas están fuera del país porque se debieron exiliar o buscar trabajo en petroleras de otros países», subrayó.
La alianza de partidos de la oposición venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó el pasado 30 de noviembre el proceso a los extrabajadores de PDVSA, a quienes llamó «víctimas de la retaliación (represalia) política» gubernamental.
Indicó que «los daños que de manera comprobada haya causado alguna persona a las instalaciones de PDVSA deben tener las consecuencias legales (…), pero no es aceptable que de manera indiscriminada y desproporcionada se sancione a todo trabajador que haya participado o haya tenido papel destacado en dicho paro».
EFE
