Luego que el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitiera el recurso de nulidad contra la Resolución 058 emanada por el Ministerio de Educación, los diputados Neidy Rosal y Miguel Velázquez exigieron que se anule definitivamente la normativa lo más rápido posible.
La legisladora Neidy Rosal, miembro de la fracción de Proyecto Venezuela ante el Consejo Legislativo del Estado Carabobo (Clec), pidió a las asociaciones de padres a no desistir en la lucha contra esta resolución. Resaltó que mientras se realice una defensa permanente de los derechos de los hijos, las autoridades tienen el deber de tomar decisiones a favor de los padres y representantes.
“Los padres y las madres son los únicos autorizados para decidir el futuro y la educación de sus hijos, sobre todo en una etapa tan temprana como lo es la edad escolar y la fase de educación media”, expresó.
Explicó que ahora se debe esperar lo que establece el artículo 78 de la Constitución Nacional, donde se ordena notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, la Procuradora General de la República y la Ministra de Educación, mediante una copia certificada del recurso interpuesto ante el TSJ. Sin embargo, pidió que este procedimiento se lleve a cabo en los próximos días.
“Esta es una demostración de que unidos podemos avanzar y lograr de alguna u otra formas la defensa de nuestros derechos”, ratificó.
Hay que defender el futuro
Por su parte, el diputado Miguel Velázquez, quien también representa al partido del sol en el parlamento regional, rechazó que sólo se consultara al 1% de todo el conjunto que compone el sector educación en Venezuela, violando así un precepto constitucional como lo es la participación.
Indicó que más de 216 mil planteles a escala nacional se ven afectados directamente, unos nueve millones 500 mil padres y representantes y más de 10 millones de personas que conforman el universo de educación básica, sin contar el medio millón de docentes que laboran en el país. Acotó que en el estado Carabobo hay 316 planteles, donde cursan estudios aproximadamente 115 mil estudiantes, representados por casi igual número de padres.
Manifestó que al TSJ admitir el recurso de nulidad, reconocen la inconstitucionalidad de “un parapeto y mamotreto jurídico que pretenden darle carácter legal cuando ni siquiera han cumplido con un derecho constitucional”. Afirmó que, como padres, están obligados a defender algo tan sagrado como lo es el futuro de los niños, por lo que emplazó a todos los representantes a ser partícipes de esta acción, que va más allá de la política.
Finalmente, concluyó que por esta razón los venezolanos deben acudir a las urnas de votación en los venideros comicios, pues “el 16 de diciembre tenemos un gran compromiso por nuestros hijos, por nuestras familias, por el futuro que queremos para ellos, el voto se ha convertido en más que un derecho, en un deber”.
