Georgia, EE.UU. Un juez federal en Atlanta allanó el camino para que entre en efecto un apartado de la severa ley contra la inmigración no autorizada en Georgia, el cual había sido bloqueado por un tribunal.
El juez federal de distrito Thomas Thrash emitió el lunes una orden que adopta el dictamen emitido sobre la ley por el 11mo Circuito Federal de Cortes de Apelaciones. En un fallo antes de que la ley entrara en vigencia en julio de 2011, Thrash había emitido órdenes preliminares que bloqueaban algunos apartados, a la espera del resultado de una impugnación presentada contra la medida por parte de una coalición de organizaciones activistas.
Un panel de tres jueces del 11mo Circuito determinó en agosto que debía entrar en efecto una parte de la ley, que permite a las autoridades verificar el estatus migratorio de presuntos delincuentes que no presenten documentos de identificación. La orden de Thrash, publicada el martes en un sistema de expedientes en internet, aparentemente indica que las agencias policiales pueden verificar de inmediato el cumplimiento de esa parte de la ley, dijeron abogados relacionados con el caso.
El panel del 11mo Circuito dejó en cambio vigente la orden de Thrash que impide aplicar una parte de la ley, según la cual, es un delito grave que una persona, a sabiendas, proporcione transporte o albergue a un inmigrante carente de permiso para residir en el país. Esa sección de la ley seguirá sin poderse aplicar.
La orden emitida el lunes no resuelve la demanda presentada por los grupos activistas que impugnan la ley. Simplemente atiende el tema de las órdenes provisionales.
«Vamos a monitorizar con mucho cuidado en Georgia la implementación de la disposición (conocida como) ‘muéstreme sus papeles»’, dijo Karen Tumlin, abogada del National Immigration Law Center, un grupo defensor de los inmigrantes, en referencia a la parte de la ley que entrará en vigencia. Tumlin agregó que el grupo recabará evidencias sobre la forma en que se interpreta y aplica la ley, con el fin de utilizarlas en la búsqueda de una orden permanente que bloquee el polémico apartado.
La oficina del secretario estatal de Justicia, Sam Olens, no había emitido declaraciones el martes sobre la decisión de Thrash.
Omar Jadwat, abogado de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que, si bien la decisión parece levantar la orden, «sería irresponsable» que el estado comenzara a vigilar el cumplimiento de esta medida sin dar parámetros a las autoridades sobre la manera en que debe aplicarse.
Los departamentos policiales en el estado están controlados por los gobiernos locales, que tendrán que tomar decisiones sobre la manera en que se verifica el cumplimiento de la medida. A diferencia de las leyes en otros estados, como Arizona, la medida de Georgia no requiere que los agentes revisen el estatus migratorio de una persona. Los autoriza a hacerlo sólo durante la investigación de otro delito, si el sospechoso no presenta un documento aceptable para su identificación, como una licencia vigente de automovilista.
AP
