SAN SALVADOR. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la matanza de un millar de campesinos en una de las masacres más atroces perpetradas durante la guerra civil y estableció el pago de indemnizaciones para los familiares de las víctimas, pero una ley de amnistía se interpone en el cumplimiento de la sentencia .
«Es una excelente decisión de la Corte, ahora hay que ver que hará el ejecutivo, la sentencia ordena que se haga la investigación, y esto le compete a la Fiscalía (General de la República) y creemos que el Estado debe responder a los familiares de las víctimas», dijo a The Associated Press Miguel Montenegro de la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamental, que durante la guerra encabezó la defensa de las víctimas.
Hasta el momento han fracasado todos los intentos de reabrir investigaciones para juzgar a militares señalados por crímenes cometidos durante el conflicto armado (1980-1992) debido a que un año después el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani emitió una ley de amnistía.
Familiares de las víctimas han recurrido a tribunales de otros países, pero la Corte Suprema de Justicia ya rechazó pedidos de extradición para procesar a quienes integraron la cúpula castrense durante la guerra.
El Presidente del Tribunal Tercero de Sentencia, Martín Rogel, dijo el martes a la AP que solamente un juez podrá decidir si una sentencia de la Corte Interamericana prevalece sobre el ordenamiento interno dentro de un proceso de investigación solicitado por la Fiscalía.
Señaló que al abrirse las investigaciones los jueces tendrían que hacer una valoración, y «en esa ponderación puede el juez en el caso concreto, declarar inaplicable la ley de amnistía», en la que se han amparado los militares acusados de crímenes cometidos durante el conflicto.
«Vemos con satisfacción la notificación de esta sentencia», manifestó a los periodistas el Procurador Adjunto de Derechos Civiles y Ciudadanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Gerardo Alegría.
El Gobierno de El Salvador reconoció el martes la sentencia de la Corte en el caso «El Mozote y lugares aledaños», a unos 210 kilómetros al este de la capital salvadoreña y donde entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, las tropas del extinto batallón Atlacatl entraron a la zona y asesinaron a 936 personas, en su mayoría mujeres y niños.
Marcos Alemán / AP
