La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los países fundadores de la Organización, acordaron impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan.
Tres años después, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General expresó que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana «son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo». En 1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.
Con el Día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948. Con el transcurso del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos para asegurar la primacía de los derechos humanos y para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran.
Venezuela lamentablemente después de todas las recomendaciones que han emitido los organismos internacionales, llámense Comisión Interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes Relatorías de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no ha cumplido con ese mandamiento.
Si hablamos de la situación de las personas privadas de libertad, pudiéramos calificarla de muy mala, porque se siguen patrones espasmódicos, que no atacan el problema estructuralmente, sino que operan sólo en las emergencias, tenemos hacinamiento crónico, ocio, violencia, corrupción, degradación humana, retardo procesal, ataques y descalificaciones, y no se va a la raíz.
La bomba de tiempo que representa el sistema penitenciario en Venezuela ya estalló. Y lo hizo desde hace muchos años. Todos los días, en frente de nosotros y de las autoridades que no han sido capaces de solucionar el problema carcelario.
El hacinamiento, falta de capacidad de las autoridades de todos los niveles, corrupción, el poder del crimen organizado, que controla gran parte de los 33 penales de nuestro país, y hasta la política, que juega en contra del sistema penitenciario, echándole la culpa a los gobiernos estatales.
No parece sencilla una solución a corto plazo, pero sin duda se requiere de medidas técnicas y muy creativas.
Y sobre todo se requiere de la decisión para comenzar a remediar el problema.
Cuándo será que tendremos políticas de respeto para la población reclusa venezolana, cuándo será que el gobierno respete a los defensores de derechos humanos, y no se descalifiquen sus observaciones simplemente por dar sus posiciones en cuanto al tema.
Ahí tienen una deuda hacia una comunidad carcelaria, no pueden tapar el sol con un dedo.
Simplemente cumplan, señores del gobierno, porque los presos están bajo su tutela y el desorden es culpa de ustedes, no de los defensores y de quienes hacen observaciones.
Humberto Prado
