Así lo afirmó Humberto Prado, en nombre del Observatorio Venezolano de Prisiones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados, al criticar “el abuso de poder y vulneración de las leyes” a la que fue sometido el abogado José Amalio Graterol, “por el simple hecho de ejercer debidamente su profesión”
Humberto Prado, en nombre del Observatorio Venezolano de Prisiones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados, repudió la sentencia condenatoria emitida el pasado jueves, en contra de el abogado José Amalio Graterol , quien deberá pagar seis meses de prisión por el delito de obstrucción a una actuación judicial.
La decisión de esta condena, dictada por el juez del tribunal tercero del estado Vargas, Víctor Yépez, fue tomada luego de que Graterol –también representante legal de la exjueza María Lourdes Afiuni- se negara a proceder al “juicio en ausencia” de su representado, Leonardo Colmenares, luego que éste se desnudara en su celda negándose a participar en el acto tras afirmar que “el juicio estaba viciado”.
Según Prado, el abogado estaba actuando en conformidad a lo que para entonces dictaban las leyes, específicamente en lo dispuesto en el artículo 125 del Código Procesal Penal (COPP). Sin embargo, a inicios del pasado junio fue apresado, hasta la actualidad cuando finalmente fue anunciada la sentencia definitiva.
El jurista, además de pasar medio año tras las rejas, también será sometido a la inhabilitación política y será vigilado por las autoridades, por un tiempo determinado, una vez que allá concluido su condena.
“Justicia retorcida”
Ante ello, Prado manifestó que este hecho deja dos puntos determinantes en la palestra judicial de país. Uno de ellos es que “ahora tanto jueces como abogados tienen temor a hacer justicia,” debido a que casos como éste y el de Afiuni, “hacen dudar” de la validez de las leyes en Venezuela.
Asimismo, precisó que ahora existe una “criminalización” en el ejercicio de la profesión del derecho. Ante ello, exclamó que las dos organizaciones que precede, “rechazan enérgica y vehementemente estos actos”, a su vez que extendió su solidaridad al jurista cuestionado y a los otros ciudadanos quienes en pleno ejercicio de su labor han sido maltratados.
También, reveló que -con su previa aprobación- acreditará como representante al letrado, Alberto Arteaga Sánchez, como observador en el proceso penal que se le realizará próximamente a Graterol.
Violación de derechos
Prado enfatizó que en estos hechos se configuran “una evidente violación” de algunos principios básicos establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), de cuáles son las funciones de los abogados.
Entre ellos, destacan las garantías que exigen a los Gobiernos de permitir ejercer sin “intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”. Además, explicó que todo abogado está exento de sufrir persecuciones o sanciones tras adoptar cualquier medida en conformidad a sus obligaciones.
“Recordemos lo dictado por la ONU en 1990, y que ninguna disquisición de Soberanía Nacional deberá estar por encima de estos tratados, principalmente el que indica que los abogados gozan inmunidad civil o penal por las declaraciones que hagan de buena fe (…) como profesionales ante un órgano judicial”, ratificó.
Llamado de atención
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), hizo un llamado de atención y de conciencia a los profesionales de las leyes ante la condena del jurista José Amalio Graterol, por el delito de obstrucción a una actuación judicial, en pleno ejercicio de sus funciones.
“Todos los juristas de Venezuela y todos los Tribunales Disciplinarios de los diferentes colegios de abogados, deben prestar atención y tomar debida nota de estas conductas y de abuso de poder por este tipo de jueces como lo es Víctor Yépez. La inspectoría de tribunales tiene que instar para verificar la conducta de este ciudadano. Con actuaciones como las de este hombre, todos los venezolanos estamos en libertad provisional”.
Anabel Barrios Díaz /
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