La base económica de un país no necesita ser democrática para ser legítima y proveer calidad de vida
«Democratizar» la economía es estatizar más la economía, paralizarla y anarquizarla, hacer más pobres a todos los venezolanos, y más dependientes en todo sentido del Estado, lo que aumentará el despotismo político y económico que ya ejerce, sin ningún tipo de oposición.
La propuesta del Presidente de la República de «democratizar la economía» parte de una idea totalitaria de democracia, según la cual la democracia es igual a la regla de la mayoría y esta debe aplicarse, sin quedar limitada por el Estado de Derecho, como método de toma de decisiones a la totalidad de la toma de decisiones en la vida humana y no solo a la toma de decisiones políticas; en tal sentido, las decisiones en temas como la familia, la educación, la moral, la economía, la cultura, la fe, las preferencias recreativas e íntimas, todo eso debe quedar sujeto a la regla de la mayoría, y a quienes son minoría les toca someterse bajo coacción a lo que la mayoría le imponga.
Democratizar la economía es desconocer la propiedad privada sobre la totalidad de los medios de producción y someter la decisión de uso, goce y disposición de esos bienes a la regla de la mayoría (trabajadores, sindicatos oficialistas, consejos comunales, comunas, etc.) o, simplemente, al poder absoluto del Estado, si se califica a los medios de producción como propiedad social.
Someter las actividades productivas privadas a la «planificación democrática» significa eliminar la libertad económica de las personas, su derecho a la propiedad sobre los bienes productivos propios, pues supone que las decisiones acerca de cómo utilizar (a qué fines destinar) los medios de producción y demás bienes con valor o utilidad económica (viviendas, tierras, maquinarias, vehículos, fábricas, galpones, comercios, etc.) ya no se tomarán individualmente, sino en forma colectiva según la regla de la mayoría, respaldada por la coacción estatal.
Tales planteamientos son propios del socialismo, que por ello es esencialmente antidemocrático al asumirse como ideología única, como verdad absoluta, no cuestionable ni siquiera a través de la regla de la mayoría (prueba de ello es el desconocimiento del resultado del referéndum de 2007), que ha de imponerse a todas las personas, aun en contra de sus ideas y creencias, como único modelo político. Por ello es contrario a la libertad y a la dignidad humanas, e incompatible con el pluralismo político y con la economía social de mercado.
El capitalismo, en cambio, no es un modelo político, sino un modo de producción de bienes y servicios, el más exitoso de los aplicados en la historia, que se basa en la propiedad privada de los medios de producción para la generación de bienes y servicios dirigidos al libre intercambio en los mercados, así como en la acumulación y reinversión de la utilidad obtenida lícitamente, tanto para mantener la actividad productiva como para intercambiar esa utilidad por otros bienes y servicios.
La base económica de un país no necesita ser democrática para ser legítima y proveer calidad de vida a las personas, como tampoco la fuerza armada, los hospitales, las instituciones educativas, los equipos deportivos, las familias o las empresas, necesitan basar sus decisiones en la regla de la mayoría para funcionar adecuadamente en cada uno de sus ámbitos. La regla de la mayoría no es el único método legítimo para tomar decisiones. Lo es sólo en determinadas materias políticas, como la elección de representantes a cargos públicos. Pero no para toda la vida humana. Los contratos, la elección individual, etc., son también formas legítimas de elección.
Lo que la economía de una nación requiere, para ser legítima y beneficiar a las personas que la integran, es ser innovadora, competitiva, creativa, eficiente, preocupada por las necesidades y preferencias de los consumidores dentro y fuera del país, respetuosa del Estado de Derecho y de sus obligaciones legales y contractuales, pagar sus impuestos y satisfacer los derechos laborales, actuar con transparencia y contribuir con el desarrollo social y la protección ambiental. Para ello no requiere estar sujeta a la regla de la mayoría, sino que el Gobierno -como ocurre en Brasil, Perú, Chile, Uruguay, etc.- respete la propiedad privada, dé garantías a las inversiones, se dicte un marco legal que brinde seguridad jurídica y que los tribunales sean independientes. Eso atraerá inversión para beneficio de toda Venezuela.
«Democratizar» la economía es estatizar más la economía, paralizarla y anarquizarla, hacer más pobres a todos los venezolanos, y más dependientes en todo sentido del Estado, lo que aumentará el despotismo político y económico que ya ejerce, sin ningún tipo de oposición.
Luis A. Herrera Orellana
