La nueva Constitución egipcia fue aprobada con el 63,8% de los votos en el referéndum celebrado en los últimos dos sábados en medio de una grave crisis política, informó el martes la Comisión Nacional Electoral.
La participación fue de 32,9%, precisó Samir Abul Maati, presidente de la Comisión en una conferencia de prensa celebrada en El Cairo.
Las cifras coinciden con las que habían adelantado los Hermanos Musulmanes, formación del presidente egipcio Mohamed Mursi.
Samir Abul Maati rechazó las acusaciones de fraude de la oposición, que había denunciado falta de supervisión y otras irregularidades.
Abul Maati indicó que la Comisión Electoral había examinado todos los recursos recibidos después de las dos jornadas electorales y afirmó que el proceso se había llevado a cabo bajo control judicial.
En Egipto la ley electoral impone la presencia de magistrados en las oficinas electorales, regla que, según la oposición, no se respetó.
En muchos casos hubo falsos jueces supervisando la elección, denunció la oposición.
«No hay ninguna prueba de que en las mesas electorales haya habido supervisores que no pertenecían a la magistratura. Todos aquellos que participaron en el proceso electoral eran miembros de las instancias judiciales», dijo Abul Maati.
Por otra parte, Abul Maati indicó que la Comisión había anulado los resultados de algunas mesas electorales debido, sobre todo, a que habían cerrado antes de la hora fijada por las autoridades.
El referéndum se llevó a cabo los sábados 15 y 22 de diciembre, a pesar de las protestas de la oposición, que había convocado a protestas en El Cairo.
Desde hace varias semanas, este proyecto de Constitución está en el centro de la crisis más grave registrada en Egipto desde la elección de Mursi, en junio pasado.
Las tensiones entre partidarios y adversarios de Mursi culminaron la noche del 5 de diciembre en enfrentamientos en los alrededores del palacio presidencial en El Cairo, dejando ocho muertos y cientos de heridos.
El Frente de Salvación Nacional (FSN), principal fuerza opositora laica, se opuso a la nueva Constitución diciendo que abría el camino a interpretaciones severas del islam y ofrecía pocas garantías para determinadas libertades.
La Constitución, según el FSN, contradice las aspiraciones democráticas surgidas de la revuelta contra Hosni Mubarak, quien dirigió Egipto durante tres décadas hasta su caída en febrero de 2011.
El FSN dijo que el referéndum «no es el fin del camino» sino «sólo una batalla» en el combate contra el poder del presidente Mursi.
Para los partidarios del «sí», la adopción del texto dotará al país de un marco constitucional estable. Se trata de un argumento destinado a seducir a los numerosos egipcios preocupados después de dos años de transición turbulenta.
La próxima etapa son las elecciones legislativas previstas para fines de septiembre.
El lunes, la agencia de calificación Standard and Poor’s rebajó en un escalón la nota a largo plazo de Egipto, de «B» a «B-«, y con perspectiva negativa, debido a las tensiones políticas.
En momentos en que la inestabilidad política se acompaña de un aumento de la deuda y un descenso del turismo, el Fondo Monetario Internacional anunció este mes el congelamiento de un pedido de El Cairo para obtener un préstamo de 4.800 millones de dólares y Alemania indicó que suspendía la anulación parcial de la deuda egipcia.
Se prevé que, en contrapartida del préstamo del FMI, Egipto aplique medidas de ajuste presupuestario.
El embajador de la Unión Europea en El Cairo, James Moran, estimó que era «importante crear confianza. La situación actual es frágil y cuanto antes se concrete el préstamo del FMI, mejor», agregó.
Antes de la primera fase del referéndum, el pasado 15 de diciembre, Mursi congeló una serie de impopulares aumentos de impuestos sobre productos de consumo, como los cigarrillos o las gaseosas, que procuraban aportar mayores ingresos al Estado.
Gianluigi Guercia / AFP
