Acompañada de sus hijas Manuela y Amanda, la octogenaria ex bailarina y coreógrafa británica Joan Turner dijo que «estamos en un momento significativo» por el encausamiento tras 39 años del asesinato de su marido, un popular cantante de militancia comunista, torturado y acribillado tras ser sacado desde el estadio adonde junto a millares de detenidos fue trasladado después de su detención en la Universidad Técnica del Estado, el 12 de septiembre de 1973
SANTIAGO, Chile (AP) — Las familiares del cantautor y director teatral Víctor Jara, asesinado tras el golpe militar de 1973, solicitaron el miércoles a los tribunales la confirmación del procesamiento como autores o cómplices de ocho militares en retiro y demandaron la extradición de uno de ellos, radicado en Estados Unidos.
La semana pasada el juez Miguel Vásquez resolvió encausar como autores del homicidio por «presunciones suficientes» a los tenientes en retiro del ejército Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez y a otros seis ex militares como cómplices de las torturas y del homicidio de Jara. El artista, uno de los más populares del país, de 41 años, fue muerto a tiros cinco días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, cuando estaba en manos de los uniformados rebelados.
Los oficiales se suman a un noveno procesado en la causa, el ex conscripto José Paredes Márquez, quien, al igual que varios de los nuevos encausados, niegan su participación en el crimen, como el ex teniente Hugo Sánchez Marmonti, quien cuando era conducido a la presencia del juez, contestó «¡No!» a los gritos de la prensa que le preguntaba si era culpable.
Con voz entrecortada por la emoción, la británica Joan Turner, viuda de Jara, comentó la decisión judicial este miércoles en el antiguo Estadio Chile, rebautizado como Estadio Víctor Jara.
Turner manifestó que el procesamiento de los ex militares es «un mensaje de esperanza y hace pensar que esa actitud sirve para que se abran más puertas, más esperanzas para muchas familias» que esperan el esclarecimiento de la situación de los detenidos desaparecidos.
Debajo de un cartel donde se proclamaba «Justicia para Víctor Jara» y de un monolito del cantautor con la letra de una de sus canciones, la viuda afirmó que no considera el caso de su marido como emblemático, «pero si el caso de Víctor sirve como punto de lanza ahí sí que vamos adelante consiguiendo justicia para Víctor y con la esperanza de justicia para todos».
Amanda señaló que «queremos tomar este momento para exigir a la Corte Suprema que solicite la extradición de Pedro Barrientos para que responda» por sus hechos.
Barrientos, quien hace unos meses fue descubierto en Florida, Estados Unidos, por un canal de televisión, negó en esa oportunidad haber conocido a Jara y de haber sido unos de los custodios de los prisioneros del estadio. Barrientos adoptó la nacionalidad estadounidense.
El abogado Francisco Ugaz, del programa de derechos humanos del gobierno, organismo que junto a la familia actúa como querellante en el juicio, dijo que en caso de confirmarse el procesamiento y detención de los ex militares es factible solicitar la extradición por cuanto Estados Unidos en algunos casos calificados de violadores a los derechos humanos la ha concedido.
Por su parte, el abogado Nelson Caucoto, defensor de Joan Jara y sus hijas, se quejó de la falta de colaboración de las fuerzas armadas y contó que hace unos meses le solicitaron al ministro de Defensa demandar a las fuerzas armadas la identidad de los militares que estuvieron en estadio durante la detención y asesinato del cantante, cuyo cuerpo acribillado por 44 impactos fue lanzado en un suburbio capitalino.
La respuesta fue que se carecía de esa información.
Caucoto señaló que la identificación de los responsables se logró finalmente por declaraciones de muchos de los prisioneros y de conscriptos apostados en el estadio.
Al divulgar su resolución el magistrado Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago, admitió que la principal dificultad que ha tenido ha sido la falta de colaboración.
Vásquez, quien emitió una orden de captura internacional contra Barrientos, informó que cuatro de los encausados se encuentran detenidos y señaló también su disposición a solicitar la extradición del sospechoso del asesinato.
Dos de los siete ex oficiales que viven en el país se entregaron en los tribunales de justicia y dos más se presentaron ante la policía este miércoles para ser llevados ante el juez a fin de ser notificados de su procesamiento y ser trasladados detenidos a un cuartel especial donde son confinados los militares violadores de derechos humanos. En ese lugar, con comodidades que carecen los presos comunes, se encuentran cumpliendo condenas los altos directivos de la policía secreta de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), entre ellos el ex general Manuel Contreras.
Uno de los encausados por el caso de Víctor Jara, que permanece en un clínica siquiátrica, es el coronel retirado Roberto Souper, quien en junio de 1973 liderara un fallido golpe contra el presidente socialista Salvador Allende.
Otro de los detenidos como cómplice es el ex teniente Edwin Dimter, quien junto a Barrientos han sido sindicados por sobrevivientes del ex estadio Chile como «El Príncipe», el supuesto asesino de Jara, al que recuerdan como un oficial alto, de pelo claro, actitudes violentas y fuerte vozarrón. Ya en retiro, Dimter fue funcionario público, hasta que un grupo de activistas de derechos humanos realizó una manifestación pública en su contra, en un acto de repudio.
Según sus declaraciones judiciales, ex prisioneros vieron a un oficial rubio, que supuestamente era Dimter, amenazar con una pistola a un prisionero que manifestaba su desesperación por su detención. Ese oficial no disparó, pero sí dos conscriptos asesinaron a sangre fría y en presencia de los prisioneros confinados en las tribunas a dos detenidos que también desesperaban por su situación.
Federico Quilodrán / AP
