Los concejales hicieron un llamado al Ministerio Público, ya que expusieron al escarnio público la honorabilidad de los ediles, al decir que querían agarrarse una buena tajada de dinero, con la aprobación de un crédito adicional de 8 millones de Bs
Concejales del municipio Independencia repudiaron las declaraciones de los dirigentes sindicales Jhony Jaspe y Antonia Cabeza, del sindicato Unión de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Teresa del Tuy (Ultrasan), en donde aseguran que los ediles no aprobaron un crédito adicional de 8 millones de Bs, al querer quedarse con una buena tajada de los recursos.
La edil María Herminia Vásquez, presidenta de la Comisión de Contraloría y Finanza, destacó que esta solicitud se trata de la legalidad de un gasto y la justificación de un recurso asignado a la partida 401, que corresponde a gastos de personal.
“Los sindicalistas y lamentablemente los trabajadores y trabajadoras le de la Alcaldía y el Concejo Municipal, fueron manipulados de tal manera, que decían que si no aprobábamos el crédito, el dinero se iba a devolver a la Asamblea Nacional, por tal motivo aclaramos que este recurso fue reguardado, hasta que el ejecutivo municipal, Ramón Malavé, garantice la transparencia del dinero asignado por el Gobierno Nacional, para cubrir las incidencias laborales”, explicó la concejala.
Recordó que el crédito adicional, fue enviado por el burgomaestre el pasado 19 de diciembre a la cámara municipal y al día siguiente fue rechazado por los legisladores, por incluir en la solicitud pagos a proveedores y otros gastos.
“En los recaudos enviados por la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía, solo se justificaron 5.949.501,77 bs, quedando un faltante de 2.050.498,23, probablemente correspondiente a la relación de pagos de interés de prestaciones a empleados y obreros de la alcaldía”, detalló Vásquez.
La presidenta de la comisión de contraloría y finanza, también recalcó que el primer mandatario pretendía usar 1.797.082 bs y 676.530,64, para cubrir prestaciones sociales e indemnizaciones a empleos y obreros del ayuntamiento, lo cual representa un ilícito administrativo, puesto que esa cancelación debe ser realizada por un banco y no por el municipio, según manifestó la edil.
“Con todas estos ilícitos, se demuestra que no se tomaron previsiones legales en la ejecución del presupuesto 2012, por tal motivo hacemos un llamado de cordura. No podemos actuar a la ligera y aprobar un dinero que no esté legalmente justificado”, comentó.
Igualmente Vásquez extendió el llamado al Ministerio Público, ya que se violaron artículos de la Constitución y expusieron al escarnio público la honorabilidad de los ediles.
“El desconocimiento de la norma no exime de las sanciones a los dirigentes sindicales, ellos han desconocido la ley en todo sus términos, violentando nuestros derechos constitucionales, encarando acciones en contra de quienes les están resguardando sus derechos laborales”, dijo.
Tal como se recordará los obreros de la municipalidad, el pasado jueves 27 de diciembre, protestaron y cerraron en tres puntos del municipio Independencia para exigir el pago de pasivos laborales.
Vicios detectados…
Vásquez agregó que los ediles elaboraron un informe sobre los vicios detectados en este crédito adicional a las instancias de control de gasto público, a fines que emitan su opinión al respecto.
“Nuestro interés individual fue colocado en un segundo plano, cuando se detectaron ilícitos administrativos, en la primera ocasión se estaban desviando 3 millones y ahora solapadamente se pretende a través de este crédito cancelar daños patrimoniales, que ameritan su evaluación y la asignación de responsabilidades administrativas atribuidas directamente al ejecutivo municipal”, aseveró la concejala.
MIP-TUY / Milagro Castillo
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