TEGUCIGALPA. El conflicto político-institucional que vive Honduras desde que el Congreso Nacional destituyó en diciembre a varios miembros de la Corte Suprema de Justicia se agravó el jueves cuando cientos de manifestantes impidieron el acceso a la Corte de varios magistrados y demandaron la destitución de todos sus miembros, mientras la institución posponía el pleno de jueces ante la imposibilidad de reunir a sus miembros.
La única magistrada de corte que logró ingresar al edificio fue Rosalinda Cruz, quien se cuenta entre los cuatro jueces destituidos en diciembre.
«Si siguen estos hostigamientos es posible que tomemos la determinación de solicitar asilo político en la Embajada de España o en otra Embajada porque esto es una persecución política», dijo Cruz a The Associated Press.
La jueza se presentó en su puesto de trabajo porque «nadie nos ha comunicado oficialmente nuestra destitución, nosotros nos sentimos en nuestro cargo y vamos a enfrentar las intimidaciones que estamos sufriendo».
También afirmó que «no tenemos miedo porque sabemos que tenemos la razón» y que «estamos solicitando medidas de protección porque tememos por nuestra integridad física».
La magistrada añadió que «otros dos jueces destituidos tuvieron que desistir de ingresar al edificio por temor a ser hostigados por la turba, que carga mochilas llenas de piedras».
El cuarto juez destituido se encuentra fuera del país y los jueces nombrados en sustitución de los destituidos no se presentaron a sus puestos. Marco Antonio Bhady, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos de Honduras que organizó decenas de autobuses para bloquear la Corte dijo «estamos manifestándonos en contra de que se reintegren a labores los magistrados culpables del desorden judicial y responsables de leyes que perjudican a los campesinos y contrarias a la depuración policial porque están coludidos con los poderes fácticos y contra el pueblo».
AP
