La incertidumbre política en torno a la toma de posesión para un cuarto mandato del presidente venezolano Hugo Chávez, hospitalizado en Cuba en estado grave, aumenta a sólo cuatro días de su fecha prevista y de la mano de variopintas interpretaciones de la Constitución.
Tras ser reelecto el sábado como presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello -una de las principales figuras del chavismo- afirmó que Chávez «seguirá siendo el presidente más allá del 10 de enero», fecha fijada en la Constitución para la investidura.
Según el último parte médico difundido el jueves por el gobierno, el presidente padece una «insuficiencia respiratoria» luego de sufrir una «severa infección pulmonar» tras someterse el 11 de diciembre a su cuarta cirugía contra el cáncer que le detectaron a mediados de 2011.
El oficialismo afirma que la toma de posesión de Chávez es un simple «formalismo» y defiende que la propia Carta Magna prevé que en caso de que el acto no se pueda realizar por una «situación sobrevenida», la investidura sería ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en una fecha a determinar.
El vicepresidente Nicolás Maduro, designado por Chávez como su heredero político antes de someterse a la cirugía, reiteró el sábado que el presidente «está en posesión del gobierno» tras ser reelecto el 7 de octubre y que «cuando pueda se juramentará».
De su lado, Cabello sostuvo que la Asamblea otorgó un permiso a Chávez, de 58 años, para ausentarse del país y que se extiende hasta que «regrese una vez curado».
Pero la coalición opositora MUD insiste en que el día 10 finaliza el actual mandato de Chávez y si no se juramenta en esa fecha, el líder del Parlamento debe asumir la jefatura de Estado de forma temporal.
Otros dirigentes opositores, como Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, aceptan que Chávez se mantenga por el momento en funciones, pero no Maduro y el resto del gobierno, cuyos miembros no fueron electos.
Maduro dijo el sábado que continuará en funciones y que cuando sea posible, tomará posesión.
Según varios analistas constitucionalistas, el gobierno corre el riesgo de cometer un acto «inconstitucional» si el presidente no asume el poder el 10 de enero, pues en la historia venezolana nunca se ha retrasado la toma de posesión.
Para el politólogo Farith Fraija, a partir de ahora la gobernabilidad del país recaerá en manos del Tribunal Supremo, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre la situación, y la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista y que el sábado eligió a la nueva junta directiva conformada por figuras del gobernante PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).
Valeria Pacheco / AFP
