En su cuenta de Twitter, el exmandatario respondió a las pocas horas a la decision de la Fiscalía: «Desde semana pasada denuncié investigación en mi contra por infamias de criminales presos… Investigación en mi contra por testimonios, sin verificar mérito, de presos manipulados»
BOGOTA. La Fiscalía General reabrió una investigación preliminar en contra del ex presidente Alvaro Uribe por sus presuntos nexos con grupos paramilitares cuando era gobernador del departamento de Antioquia hace más de 15 años, informó el martes su abogado Jaime Granados.
Granados expidió un comunicado de prensa en el que sostuvo que recibió una notificación en la que «se comunica de parte de la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia la revocatoria de una resolución inhibitoria de una antigua investigación previa en contra del ex presidente de la República Alvaro Uribe Vélez, por hechos acontecidos durante su gestión como Gobernador de Antioquia».
En su cuenta de Twitter, Uribe respondió a las pocas horas a la decision de la Fiscalía: «Desde semana pasada denuncié investigación en mi contra por infamias de criminales presos… Investigación en mi contra por testimonios, sin verificar mérito, de presos manipulados».
Una indagación preliminar no significa ni la vinculación formal de Uribe (2002-2010) a un proceso penal ni que esté siendo acusado y mucho menos que se ordene su detención.
La investigación está relacionada con las denuncias formuladas en septiembre de 2011 por el congresista Iván Cepeda en el sentido de que cuando Uribe era gobernador de Antioquia (1995-1997), en una finca de propiedad de su familia se habría conformado un grupo paramilitar. Esa hacienda, denominada «Guacharacas», está ubicada en el municipio de San Roque, Antioquia, a unos 230 kilómetros al noroeste de Bogotá.
La jefa de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora, explicó en diálogo telefónico que la decisión de reabrir la investigación contra Uribe fue tomada el 2 de enero pasado y que se hizo con base en declaraciones de paramilitares desmovilizados. Se da por descontado que ante esta determinación del ente investigador Uribe será citado a rendir testimonio en compañía de su abogado.
Según Granados, los ahora declarantes en contra de Uribe son los desmovilizados Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, cuyos «relatos (ante las autoridades están) plagados de suposiciones, imprecisiones y mentiras».
En su concepto, «ninguno de los aludidos ‘testigos’ fue capaz de estructurar una acusación con fundamento en contra del ex presidente Uribe… Por el contrario, en sus temerarios relatos únicamente se encuentran elementos que dan a entender que las mismas fueron acordadas y promovidas por otras personas con oscuros intereses».
En tanto, el congresista Cepeda expresó su satisfacción por la decisión de la Fiscalía y dijo que «este es, sin duda, el paso más importante de la justicia colombiana en el terrible caso de la parapolítica», la investigación que se inició a finales de 2006 para establecer los nexos entre políticos y las bandas paramilitares.
«Es la primera vez que se abre una investigación en la justicia ordinaria contra el ex presidente Uribe por delitos graves que están relacionados, incluso, con masacres ocurridas en Antioquia durante su mandato como gobernador», agregó Cepeda en un comunicado difundido por su oficina de prensa.
Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, recordó que Sierra afirmó en su momento que «a mediados de la década de los 90 se conformó un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia)…, el cual habría tenido como base de operaciones la hacienda Guacharacas, de propiedad, en aquel entonces, del gobernador Alvaro Uribe».
Respecto de la declaración del testigo Monsalve, Cepeda dijo que es «hijo del mayordomo de la hacienda de la familia Uribe Vélez» y quien afirma que el entonces gobernador Uribe «no sólo apoyó esas autodefensas, sino que presuntamente ordenó una de las masacres ocurridas en el municipio de San Roque».
La medida judicial conocida de la jornada no es la única investigación contra Uribe. AP
Hay otros dos expedientes
En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la instancia política que en Colombia investiga los aparentes hechos delictivos cometidos por los presidentes durante el período que fungen como mandatarios del país –en el caso de Uribe entre agosto de 2002 y agosto de 2010–, hay otros dos procesos importantes.
El primero está relacionado con la aparente red de espionaje que desde su gobierno habría sido impulsado contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, activistas y políticos críticos de su gobierno.
El segundo surgió luego de que en 2007 la ex congresista Yidis Medina dijo a los medios de comunicación y a las autoridades que tres años atrás, en su calidad de congresista, funcionarios del gobierno de Uribe compraron su voto y el de otros de sus colegas para que votarán favorablemente por el proyecto de ley que en ese momento buscaba una primera reelección del entonces jefe de Estado.
AP
