En ambas subregiones crece la desazón pública ante la posibilidad de ser víctima de un delito. En sus comunidades está presente el fenómeno que los expertos llaman la victimización criminal
No viene al caso si los índices de delitos o acciones de los delincuentes contra personas y bienes ajenos son mayores en el Distrito Capital, el estado Vargas o el estado Miranda, aunque así lo revelen las «estadísticas policiales» de autoridades o medios de comunicación.
Llama a preocupación el hecho cierto y lamentable de que existe miedo, temor, casi que pánico, a hablar en público acerca de individuos o grupos de personas cuyo medio de subsistencia es la comisión de delitos contrariando la Ley.
Resultaría comprensible si ese miedo lo experimentaran quienes han sido víctima o quienes se creen en riesgo de serlo, vista la forma indiscriminada, impune y violenta como se advierte que actúan los delincuentes, sean éstos ladrones, atracadores, asaltantes, violadores o asesinos. La alarma se enciende cuando son los líderes sociales y los dirigentes políticos en las comunidades quienes se inhiben de referirse al tema de la delincuencia.
Como no se trata de especular sobre el asunto sino de llamar la atención sobre esta problemática sociopolítica, nos circunscribiremos a hechos ciertos y objetivos que conocemos de los Valles del Tuy y Barlovento en el estado Miranda. Seguro que también ocurren en Guarenas/Guatire, Petare/Baruta o los Altos Mirandinos.
El miedo es libre
Ocurre que personas que lideran organizaciones políticas, de gobierno o de oposición, que son alcaldes o concejales, que conducen emisoras comunitarias o de servicio público, entre otros, eluden tratar acerca del tema de los delincuentes que actúan a la libre en las comunidades. Quieren hablar de salud, deporte o educación, aunque poco sepan de ello. Pero, cuando se los emplaza a conversar la incidencia o la sensación de delitos, responden sin dudarlo ¡No, de eso no, que por eso lo matan a uno o a la familia!
El miedo es libre, ser responsable con la vida propia es un deber, preservar la vida y los bienes de la familia es una obligación. Pero adónde vamos si quienes elaborarán las normas, dirigirán las instituciones, administrarán los recursos, velarán por la correcta aplicación de la ley y la administración de la justicia carecen de valor personal para velar, cuidar y proteger a la sociedad a la que dicen querer servir y representar.
Autoridades callan
Alcaldes, diputados, concejales, representantes de casas del pueblo, tanto en Barlovento como en El Tuy, conocen de los que cometen los delitos ambientales y trafican de manera ilegal con productos maderables. Pero mucho es su miedo a confrontar a «uniformados» que se enriquecen inescrupulosamente a costa de los recursos naturales.
En Barlovento como en El Tuy los dirigentes conocen -porque a ellos se lo comunican los vecinos- dónde se «enconchan» los asaltantes de los transportes públicos, dónde los violadores, dónde los secuestradores. Pero ellos prefieren decir ¡hablar de ese tema es un asunto tabú!
En Barlovento como en El Tuy crece la desazón pública ante la posibilidad de ser víctima de un delito. En sus comunidades está presente el fenómeno que los criminólogos llaman la victimización criminal. Allí reinan el «miedo a la delincuencia» y la «angustia ante la delincuencia». Pero peor que ello es que, entre el liderazgo político y social de estas dos subregiones del estado Miranda, crece el miedo a tratar y considerar este asunto como una política pública prioritaria.
La consecuencia se siente, se nota, se aprecia en los llamados agentes del orden público. Si las autoridades se muestran «ciegos, sordos y mudos» ante los delincuentes, entonces policías y militares preferirán «convivir con los delincuentes», por muy lastimoso e irritante que sean los daños, los perjuicios y los males causados a la sociedad y sus ciudadanos. Allí, donde reina impune el delito el funcionario encuentra una oportunidad «preciosa» para lucrar. Lo cual también es un delito. Y, por tal, también torna en delincuente.
Cruda realidad
Vemos como en Barlovento los pescadores son despojados de los motores de sus embarcaciones de pesca por los traficantes o agentes del narcotráfico, para luego convertirlos en «mulas de las drogas». O como los propietarios de fundos o haciendas de cacao abandonan sus predios para no ser objeto de secuestro, la extorsión y el crimen. Pero quienes regentan una estación de radio comunitaria prefieren guardar el más estricto silencio sobre ello.
Observamos como en los Valles del Tuy los vertederos de basura son escondrijos de delincuentes y de los medios que utilizan para cometer fechorías. Los vecinos conocen suficientemente los llamados «desguazaderos de vehículos robados». Pero los «dirigentes sociales o políticos» anteponen su pellejo antes de reclamar o planificar acciones institucionales para poner freno a esos delitos
Hernán Papaterra
e-mail: hpapaterra@yahoo.com/La Voz
