El diputado Julio Chávez, destacó que tanto las ensambladoras como concesionarios, deben comenzar a conocer los 33 artículos que conforman el proyecto de ley que regula la compra y venta de carros nuevos y usados
El pasado miércoles se consignó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Nuevos y Usados Nacionales e Importados, instrumento que busca combatir especulación e usura en la comercialización de vehículos en el país.
Al respecto, el diputado Julio Chávez, destacó que tanto las ensambladoras como concesionarios, deben comenzar a conocer los 33 artículos que conforman el proyecto, los cuales están dirigidos en evitar la especulación y el acaparamiento de vehículos nuevos y usados.
Agregó que es importante que la Asamblea Nacional discuta la referida ley, ya que la demanda en los últimos años ha aumentado y la oferta de las ensambladoras ha bajado, generando una distorsión que disparó de manera exagerada los precios de los vehículos. De igual forma, refirió que alrededor de 350 concesionarios están en manos de 5 familias, lo cual ha generado un monopolio que limita al pueblo y lo obliga a adquirir un vehículo con más de 300% de sobreprecio a pesar de contar con divisas otorgadas por el Gobierno.
Además, Chávez destacó que, de acuerdo con el artículo 29 del proyecto de Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Nuevos y Usados Nacionales e Importados, los directivos de ensambladoras y de importadoras de vehículos automotores serán responsables ante la justicia venezolana de los ilícitos cometidos por las empresas que representan.
“En la ley se recoge claramente la responsabilidad no de los que venden, de los representantes o empleados, sino de los dueños, y los funcionarios que no hagan cumplir la norma serán sancionados con multas equivalentes hasta tres veces el precio con el que vendieron el vehículo”.
Asimismo, explicó que el artículo 18 de dicho instrumento legal prohíbe que las compañías aseguradoras establezcan el valor de los vehículos nuevos o hasta con dos años de uso por uno de mayor precio al de venta sugerido, mientras que las comercializadoras no podrán obligar ni ofrecer la compra de los accesorios para carros.
“Quienes incumplan tendrán todo el peso de la ley, con multas de hasta 1000 UT dependiendo de cual haya sido la falta. No nos estamos oponiendo a la actividad económica, sino regulando el mercado tomando en consideración que las ganancias para vehículos se encuentran en un 30% y aún así los sectores llegan a especular hasta un 300%”.
Agencias
