Aunque las familias de Ocumare aseguran que los inmuebles han sido asignados a diferentes grupos de refugiados, insisten en que tienen 7 meses desocupados, pues muchos de los favorecidos viven unos días y luego se llevan todos los enseres y electrodomésticos que les dan a través de la Misión Mi Casa Bien Equipada
Cerca de un mes clamando la adjudicación de 19 apartamentos desocupados tienen al menos 23 familias damnificadas en las afueras del complejo habitacional Lomas de Guadalupe, ubicado a un costado de la autopista Ocumare-Charallave que da acceso al municipio Lander. Aunque las familias aseguran que las viviendas han sido entregadas en tres ocasiones a diferentes grupos de refugiados provenientes de Caracas, insisten en que los inmuebles no tienen dueños, pues llevan 7 meses desocupados.
Liliana González, quien vive hacinada junto a su familia en el sector Las Casitas detrás de ese mismo urbanismo, sostuvo que quienes reclaman los apartamentos son madres de familia, mujeres embarazadas y personas discapacitadas de la entidad. «Ninguno de los refugiados que han estado aquí han querido los apartamentos entregados por el Gobierno. Muchos vienen, viven unos días y luego se llevan todos los enseres y electrodomésticos que les dan a través de la Misión Mi Casa Bien Equipada», relató la mujer al precisar que llevan 15 noches y 20 días resguardando las propiedades.
»Queremos que el Gobierno nos adjudique las viviendas lo antes posible, ya que muchas de las mujeres que estamos aquí tenemos entre tres y cinco hijos», dijo González, quien aseguró se declararon en vigilia permanente ante la falta de respuesta tanto de las autoridades municipales como del gobierno nacional.
En medio de las recias lluvias y el irritante sol es como el grupo asegura pasar los días mientras esperan una decisión de parte de las autoridades nacionales. Entre tanto, el destacamento Nº 57 del Comando Regional Nº 5 custodia las viviendas que también eran reclamadas por otras personas.
Aunque, a juicio de los vecinos, los apartamentos no cuentan con servicio de agua y muchos están en mal estado, insisten en que su prioridad es habitarlos para darle estabilidad sus hijos, tal como lo narró, Jenny Gil, quien es madre dos niños y dice enfrentar un embarazo de alto riesgo. “Quiero una casa para mis chamos, es un derecho que me corresponde. Nosotras no somos invasoras, estamos haciendo las cosas legalmente”, dijo, al tiempo que pidió la presencia del alcalde, Julio César Marcano, para sostener una mesa de diálogo a fin de agilizar la adjudicación de la propiedades a través de la Misión Vivienda.
MIP-TUY Agencia / Julio Materano
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