A los apagafuegos se les abrió un proceso de investigación por realizar una huelga de hambre en julio de 2012 para exigir sus derechos laborales
Nueve funcionarios adscritos al Cuerpo de Bomberos del estado Miranda, que laboran en las sedes de Ocumare del Tuy y Los Teques, temen perder sus puestos de trabajo, luego que el organismo les abriera un presunto proceso de investigación, donde se les acusa de violentos y hostiles, tras la huelga de hambre que realizaron en julio de 2012 para exigir reivindicaciones y mejoras salariales.
Según informó Miguel Castellano Delpiani, sargento mayor implicado en el caso, en los próximos 15 días los funcionarios deberán presentarse en el comando principal, responsable de dictar la sentencia de destitución, en caso que les compruebe las acusaciones mediante la debida investigación. De acuerdo a la versión de los agentes, 4 de los funcionarios involucrados en el caso laboran en el cuerpo del municipio Tomás Lander, mientras que el resto pertenece a la brigada de Los Teques.
“Hace 7 meses nos abrieron un proceso de destitución por defender nuestros derechos laborales, pero no cumplieron el debido proceso porque no nos notificaron la apertura de la investigación y se saltaron algunos pasos. Primero formularon la sentencia y ahora es que nos vienen haciendo la notificación”, sostuvo.
Ante el señalamiento, el portavoz de los acusados rechazó el supuesto tinte político que el primer mandatario de la entidad, Henrique Capriles Radonski, y el director general de los Bomberos del estado Miranda, coronel Javier Mendoza han dado al caso, e insistió que la huelga de hambre sólo se trataba de una acción para lograr los ajustes salariales en el pago de cestaticket, bonos y los 9 meses de prestaciones que adeudaban al cuerpo regional.
“Ellos alegan que nosotros tomamos por asalto la Comandancia General de los Bomberos de la región, ubicada en el sector de El Paso en la ciudad de Los Teques. Pero es mentira porque nosotros hicimos una huelga de hambre pacífica del día 10 al 13 de julio del año pasado, donde mantuvimos una postura correcta y sin violencia como señalan”, relató Castellano Delpiani, al insistir en que la acusación “es capricho tanto del Gobernador como del director de los bomberos de Miranda”.
En este sentido, el funcionario reiteró en que la protesta ocurrida el pasado julio fue un hecho institucional, por lo que formuló un llamado a los más de 1600 funcionarios que laboran en la institución para que lo apoyen en el caso. “A mis compañeros les pido que no se dejen intimidar. Los invito para que se unan a esta lucha por la reivindicación y los derechos laborales que nos corresponden”, sostuvo al tiempo que calificó la acción de una violación al decreto de inamovilidad laboral aprobado por el Ejecutivo Nacional, por lo que no descartan denunciar la situación ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se investiguen las supuestas irregularidades en el Cuerpo de Bomberos de Miranda.
MIP-TUY Agencia / Julio Materano
