Los vecinos del bloque 32 en la parroquia 23 de Enero, sostienen que tras el asesinato de tres residentes del edificio que fueron ejecutados la madrugada del lunes por un grupo armado que se identificó con el nombre de “colectivo Henry Suárez”, el resto de personas que aparecían en la denominada lista de ejecutables, desaparecieron de la zona.
El panfleto difundido 15 días antes de la masacre llegó a manos de buena parte de los residentes. Contenía todos los nombres o apodos de personas que presuntamente se habían convertido en objetivo de grupo armado, pero nadie le dio crédito a las amenazas hasta que se produjo el ingreso de los asesinos el lunes a la 1:00 de la madrugada.
Los familiares de las víctimas decidieron velar los cuerpos sin velarlos, pues temían ser emboscados durante los actos fúnebres. Creen que el caso quedará impune porque saben que los antisociales gozan del amparo de los cuerpos de seguridad.
El día del triple homicidio el colectivo dejó un segundo comunidad asegurando que la masacre era parte de un proceso de “limpieza” y que esa la primera de otras visitas. Aún faltan 13 personas por ejecutar de la macabra lista que presuntamente incluye a jíbaros y azotes del sector.
Comisiones del Cicpc iniciaron las averiguaciones en torno al triple crimen. Familiares de las víctimas fueron obligados a declarar para entregarles los cuerpos, pero ningún habitante del bloque ajeno a los fallecidos quiso testimoniar respecto a lo que sucedió la madrugada en que un grupo de encapuchados llegó a ejecutar la “pena de muerte”. LA VOZ /AA
