Es innato de todo ser humano desear vivir en paz y quien obstinadamente piense lo contrario no es humano, es un humanal depredador de mente insana.
El Estado de Derecho, entendiéndose como la convivencia social de Estado-República, está integrado fundamentalmente por territorio, población e instituciones públicas, soberanía e independencia.
El Derecho, no es propiamente sinónimo de justicia. No existe una definición indiscutible sobre “el derecho” y es ahí que en el año 1937 reunidos en Turín, juristas, filósofos y sociólogos de muy alta representación intelectual, se preguntaron sobre el real concepto sobre el “derecho”, concluyendo que el “derecho” no tiene definición precisa y solo se conoce por sus fines de justicia, bien común y seguridad en sus más amplias ejecutorias. Así, la seguridad no solo es la seguridad personal y de bienes sino impone la seguridad jurídica esencial en un Estado de Derecho, concurrente con el bien común como el ideal social y por supuesto, la justicia, pero justicia en un Estado de Derecho Justo.
De tal manera que el fundamento constitucional de nuestro país, en su preámbulo, que constituye su acta constitutiva, es su espíritu, propósito, razón y fines, y así, la República establecerá una “sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de Justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el impero de la ley para esta y las futuras generaciones…y asegure la justicia social, la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna…”.
En el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se enfatiza que el Estado es democrático y social de Derecho y de Justicia, por lo que es indefectible que estos principios políticos fundamentales sean inexorables que conllevan el derecho y la justicia, ser conciliadora de la libertad, de independencia, paz y bien común.
En consecuencia, es inconstitucional que el gobierno del llamado socialismo bolivariano imponga el socialismo marxista, porque no convive con la democracia. Son doctrinas políticas antagónicas. El marxismo es estatismo y la democracia es participativa. En el Estado de Derecho Justo, no pueden existir ni el socialismo marxista tiránico ni la democracia neo-liberal y salvaje. Algunos han querido justificar la implantación del llamado socialismo bolivariano marxista con la expresión constitucional de Estado democrático y social, considerando que lo “social” es el socialismo de nuestra Carta Magna, pero aún, admitiéndolo, no en “marxismo-comunista. Lo social es un derecho humano de justeza.
Por todo ello, el Estado de Derecho, no puede quedarse estancado con esa sola frase, porque debe ser un Estado de Derecho Justo, de lo contrario viola sistemáticamente los fines establecidos de la Carta Magna, es decir, el derecho a vivir en una sociedad democrática y justa.
Cesáreo José Espinal Vásquez
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