Representantes de organizaciones de derechos humanos, solicitaron a la Fiscalía General de La República, una investigación sobre los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes 25 de enero en el Centro Penitenciario de la Región Occidental, lo cual dejó como resultado un saldo de 58 muertos y casi un centenar de heridos
La muerte de 58 personas durante una requisa realizada el pasado viernes 25, en el Centro Penitenciario de la Región Occidental, mejor conocido como la Cárcel de Uribana, ha sido considerada como la peor masacre carcelaria en los últimos 15 años.
En los lamentables hechos perdieron la vida 56 reos, un efectivo de la Fuerza Armada y un pastor evangélico, así como casi un centenar resultaron heridos.
La violencia comenzó cuando el Ministerio para el Servicio Penitenciario en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), procedían a efectuar la requisa lo cual dio paso a un motín protagonizado por un grupo de reclusos “violentos”, de acuerdo a declaraciones de la ministra Iris Varela.
Para el coordinador de “Una Ventana a la Libertad”, Carlos Nieto Palma, los hechos ocurridos se deben a un enfrentamiento entre los efectivos militares y los reos al tiempo que agregó que en dicho lugar no se realizaba una revisión desde el 2009, es decir hace cinco años siendo un procedimiento que debe hacerse regularmente.
“Me atrevería a decir que es la primera vez en Latinoamérica que ocurre un hecho de tal magnitud, cuando se lleva a cabo una inspección de este tipo. Esto no fue un motín esto fue una requisa que terminó con 58 muertos”, declaró.
Explicó que un procedimiento como este consiste en el desalojo de un pabellón para su revisión, una vez hecho esto se permite el regreso de los reos. “Es una actividad que no debería tener mayores problemas si se siguen los protocolos necesarios”, dijo.
El activista de derechos humanos destacó que hasta la fecha “no ha habido una respuesta seria por parte del Ejecutivo Nacional”, en relación a los hechos ocurridos en el recinto penitenciario ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.
“Se decidió el cierre de la cárcel y se han hecho una serie de traslados y hasta ahora los familiares no saben nada acerca de a donde fueron los reclusos, se desconocen los nombres no sólo de los fallecidos sino también de los heridos, lo cual demuestra una serie de irregularidades”, acotó Nieto Palma.
“Limpieza carcelaria”
La presidenta de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, responsabilizó a la Fuerza Armada Nacional por “acción u omisión” sobre lo hechos violentos que se registraron el la cárcel de Uribana.
“Es inaceptable moralmente pero también es completamente ilegal que se establezca el modelo de limpieza carcelaria con 58 muertos y esa es precisamente nuestra mayor preocupación que esto se convierta en un patrón de conducta a la hora de realizar una requisa”, expresó la abogada.
Recordó que los organismos de seguridad tienen la obligación de establecer reglas de enfrentamiento. “Lo que estamos viendo es que el uso de la fuerza mortal se está convirtiendo en una regla para el tratamiento de privados de libertad en situaciones de crisis”.
En este sentido, le hizo un llamado al Comandante General de la Guardia Nacional, Juan Francisco Romero a que informe detalladamente sobre las reglas de empeñamiento empleadas por sus funcionarios en el caso de intervenciones en todos los centros penitenciarios del país.
Responsabilidades
Representantes de organizaciones en pro de los DD.HH, responsabilizan al Ministerio para el Servicio Penitenciario y a la Guardia Nacional por la muerte de 58 personas en la cárcel de Uribana.
“El uso excesivo de la fuerza es un responsabilidad individual por parte del funcionario público que la ejecute, sin embargo debemos entender los principios de subordinación y obediencia a los que están sometidos los miembros de la Fuerza Armada, en este caso la autoridad jerárquica superior es el Comandante General Juan Francisco Romero, quién debe rendirle cuentas al país en relación a las posibles muertes que hayan sido ocasionadas por sus funcionarios.”, consideró la abogada Roció San Miguel.
También señaló que este es el único ente encargado de responder por el transito la tenencia, la importación y exportación y cualquier tipo de manejo relativo a las armas en Venezuela. “De manera que la presencia de armas y municiones en las cárceles es de su exclusiva responsabilidad”, recalco.
Respeto a la labor periodística
Tras los hechos que se registraron en la cárcel de Uribana, la ministra para el Servicio Penitenciario, acusó a dos medios de comunicación, específicamente el canal de noticias Globovisión y a la página web del diario regional El Impulso, de ser responsables del enfrentamiento ocurrido en el penal el cual dejo un saldo de 58 muertes.
Estas declaraciones fueron rechazadas por el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), calificándolas de intimidatorias. Señalaron a través de un comunicado de prensa que dichas acciones promovidas contra los medios de comunicación por parte de funcionarios públicos configuran un uso abusivo del poder estatal contra la labor periodística.
Debido a ello le hicieron un exhorto a las instituciones públicas a garantizar el trabajo de los medios de comunicación sin ningún tipo de obstáculos y que desde el Estado no se promuevan acciones que motiven censura y autocensura.
508 protestas penitenciarias
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se pronunció en contra del uso de la fuerza pública para controlar las protestas de familiares de los privados de libertad a las afueras de los recintos carcelarios.
Marco Antonio Ponce, coordinador de dicha ONG, destacó que desde el primer día de funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en el mes de julio de 2011, se han registrado 508 manifestaciones por la situación carcelaria en el territorio nacional.
“Ante los recientes acontecimientos exigimos a las autoridades a garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacifica, así como a la actuación adecuada de los cuerpos de seguridad”, sentenció
Nelyabith Bello /nbello@diariolavoz.net / @nelyabithbello