Los vecinos corren el riesgo de quedar electrocutados entre las marañas de cables con las que deben lidiar para abastecerse de electricidad, pues, además de un relleno sanitario, debieron improvisar las conexiones a la red eléctrica. Reportarán la situación ante la AN
Bajo un ambiente de descuido, desidia y abandono de parte de las autoridades es como aseguran vivir al menos 200 familias en la parte alta del recién construido complejo residencial El Dividivi, situado a un costado de la carretera Nacional Charallave-Cúa, quienes habitan en su mayoría en apartamentos a medio construir, con pisos rústicos, paredes carentes de friso y expuestos al riesgo de quedar electrocutadas entre las marañas de cables con las que deben lidiar para abastecerse de electricidad, pues, además de un relleno sanitario, debieron improvisar las conexiones a la red eléctrica, ya que el Gobierno nacional dejó inconclusa buena parte del urbanismo que pertenece al municipio Cristóbal Rojas.
Así lo denunciaron los habitantes de la zona, provenientes en su mayoría de refugios y albergues de Caracas. Rafael Morales, quien es vocero del consejo comunal “Luchadores del Alto de Dividivi” y reside en el lugar desde el pasado 2 de marzo, insiste en que la problemática que padecen se trata de una violación a los derechos humanos de las más de 700 personas que hacen vida en la comunidad, pues, a juicio del dirigente vecinal, les están vulnerando sus derechos a los servicios básicos.
Según relató Morales, en agosto del año pasado, debieron pedir apoyo a la Dirección de Obras Públicas de Charallave y a Protección Civil, para levantar un informe y dar a conocer la vulnerabilidad del terreno donde se edificaron las últimas 8 torres del complejo, ya que corren el riesgo de quedar tapiado por un talud de tierra ubicado en la parte posterior, el cual amenaza con dejarlos sin hogar nuevamente.
Ante la carencia del servicio de agua, cada familia debe pagar entre 120 y 400 bolívares quincenales para abastecerse del líquido a través de camiones cisternas. «Antes, la alcaldía de Cristóbal Rojas y el Ministerio de Educación Superior nos mandaban el agua esporádicamente, pero ahora nosotros debemos resolver por nuestra cuenta», dijo Morales, al indicar que en reiteradas ocasiones han sostenido mesas de trabajo con el Inavi, el Ministerio de la Vivienda y de las Comunas para plantear las problemáticas, sin embargo no han recibido una respuesta concreta de los entes gubernamentales.
«El año pasado recibimos una visita de la viceministra de Vivienda y Hábitat, quien nos dijo que el Gobierno dispone de un proyecto para culminar el complejo y atender las solicitudes. También aseguró que sólo hacía falta la firma del ministro Ricardo Molina para bajar los recursos, pero aún estamos esperando», manifestó al informar que tras denunciar las condiciones en las que viven ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en Charallave, hoy acudirán a la Sala Disciplinaria de la Defensoría en Caracas para hacerle seguimiento al caso.
Acudirán a la Asamblea Nacional
En este sentido, el portavoz de la comunidad advirtió que en los próximos días solicitarán un derecho de palabra a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional para exponer el caso ante el órgano legislativo nacional y lograr soluciones concretas de la mano del Gobierno, debido a que insisten que los más afectados por la situación son los discapacitados, adultos mayores y los más pequeños.
Por si fuera poco, de los 774 niños con edades escolares que hay en la comunidad, sólo un estimado de 10% acude a las instituciones de educación, básica, media y diversificada, ya que los centros más cercanos están copados, por lo que no se les garantiza, dice Morales, el derecho a la educación a los más jóvenes. “Tampoco tenemos una ruta de transporte público y escolar que nos traslade. Los padres de familia que trabajan en Caracas deben salir con 4 horas de antelación para caminar cerca de dos kilómetros hasta la salida y poder llegar a tiempo”, sostuvo.
Responsables
Las cerca de 200 familias que residen en el sector Dividivi, responsabilizaron a la constructora AMK y al ingeniero Olíver Lee, encargado de la construcción del urbanismo, por las grietas, filtraciones y aberturas que presentan los apartamentos en los pisos y paredes, que en su mayoría carecen de barandas, ventanas y rejas. En este sentido hicieron un llamado al ministro Ricardo Molina, responsable de la cartera de Hábitat y Vivienda para que se avoque a la problemática y les baje los supuestos recursos asignados por el Ejecutivo para culminar las obras en la comunidad.
MIP-TUY Agencia/ Julio Materano
